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María Dolores Amorós se ha convertido en el rostro de la bancarrota de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida por el Banco de España el pasado mes de julio e inmersa en una subasta inversa en la que Santander y Caixa Bank son los mejor posicionados para hacerse con su negocio y su red de oficinas —por los que el sector financiero, en realidad, ha mostrado menos interés del previsto por el regulador—.

La ex directora general de la entidad encarna en el imaginario colectivo los «vicios» que han echado por tierra la imagen de la que una vez fue la cuarta caja de España por volumen de activos, y que ahora ilustra como ninguna los excesos de los días de vino y rosas asociados al ladrillo. «Lo peor de lo peor» en palabras del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Amorós ocupó el cargo de directora general durante unos meses: desde que se firmó el acuerdo entre CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria para formar un SIP bajo la denominación de «Banco Base» —que fracasó precisamente por las dudas que generaba la caja alicantina en el resto de socios— hasta la intervención del regulador, que inmediatamente la suspendió de empleo aunque no de sueldo.

Casada y con tres hijos, Amorós llegó a CAM en 1998 con una licenciatura en Económicas por la Universidad a Distancia (UNED), y desde 2001 ocupaba el cargo de directora adjunta a las órdenes de su mentor, el también ex director de la caja Roberto López Abad. El alcoyano pasaba por ser uno de los mejores directivos de la provincia, tras consagrarse con la salida a Bolsa de la entidad en 2008.

Siempre a la sombra de López Abad, la ex directora de la caja fue ganando ascendencia en el día a día de la CAM como su adjunta hasta que su mentor la recomendó como sustituta. Tras la ruptura del acuerdo con el resto de cajas, Amorós tuvo que negociar contra reloj —y sin éxito— la entrada de capital extranjero para evitar la nacionalización de CAM, al tiempo que su ex presidente Modesto Crespo insistía en que la entidad podía afrontar la reestructuración financiera «en solitario».

En ese intervalo, mientras la caja se acercaba al precipicio, su ex directora tuvo tiempo de negociar el «blindaje» de su contrato al margen del consejo de administración, con una pensión vitalicia de casi 370.000 euros anuales en caso de despido, y de aupar a su hermana Luisa Amorós a una dirección territorial.

Con todo, la revisión de los números de la caja por parte del Banco de España ha revelado otra circunstancia aún más preocupante: al parecer, en su breve periodo como directora de la entidad, Amorós «endulzó» los balances de CAM para presentar unos mínimos beneficios que, tras la intervención, se han convertido en pérdidas millonarias. De los 39,8 millones de supuestos beneficios declarados en marzo, se pasó a 1.136 millones de números rojos en junio. Así, una de las primeras decisiones del Banco de España tras intervenir la caja fue suspender de empleo a Amorós, mientras encontraba el resorte legal que posibilitara su despido sin pagar la millonaria indemnización. Finalmente, la semana pasada se le comunicó un despido disciplinario.

Pero la pensión prevista para la ex directora no era un caso aislado. Los consejeros de la caja se subieron el sueldo poco antes de la intervención, así como las dietas por asistir a la reuniones del órgano de gobierno. Multitud de ex directivos —como el propio López Abad— que se acogieron al plan de prejubilaciones para reducir la plantilla tras el fiasco de la «fusión fría» salieron de CAM con indemnizaciones millonarias bajo el brazo. Ahora, tras el despido de Amorós, el Banco de España ha comenzado a investigar también al resto de ejecutivos.

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