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­Los gestores de la CAM designados por el FROB estudian posibles acciones contra el que fuera director general de la CAM hasta noviembre del año pasado, Roberto López Abad, para exigirle la devolución de los 3,8 millones de euros de indemnización que cobró al prejubilarse y también su plan de pensiones. Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación después de que ayer trascendiese el despido disciplinario de su sucesora, María Dolores Amorós, por supuestamente inflar su propia pensión y falsear las cuentas de la entidad para ocultar sus pérdidas.
En ambos casos los nuevos administradores de la CAM también barajan la posibilidad de exigir responsabilidades por la vía penal por la gestión que han realizado de la entidad, con independencia del expediente de investigación abierto por el Banco de España que también podría derivar en una sanción para los ejecutivos y el consejo de administración de la caja.
Tras permanecer suspendida de empleo –pero no de sueldo– desde el pasado 10 de agosto, tras la intervención de la entidad, los administradores de la CAM decidieron hacer efectivo ayer el despido de la exdirectora general María Dolores Amorós alegando razones disciplinarias, por lo que no tendrá derecho a indemnización ni tampoco a percibir su plan de pensiones, aunque puede recurrir la decisión ante los tribunales.

Informe demoledor
En el informe que acompaña a la carta de despido, los delegados del FROB argumentan que Amorós maniobró en beneficio propio para asegurarse una jubilación mayor de lo estipulado por las directrices del consejo de administración. Después su designación en noviembre de 2010 pero antes de su ratificación por la asamblea general, la exdirectora general cerró un acuerdo con el presidente de la entidad, Modesto Crespo, para cobrar un sueldo anual de 593.040 euros y también pactó un renta vitalicia asegurada de 30.791 euros mensuales (369.497 euros al año), que se revalorizaría un 2% anual.
Para determinar la cantidad se tomó como referencia su sueldo de directora general de diciembre de 2010 a pesar de que un acuerdo del consejo de administración señalaba que la referencia para fijar las pensiones debía ser la retribución de los tres años anteriores a la jubilación. Además, incluyó en el cálculo los incentivos y la parte variable de su sueldo, cuando sólo debía contabilizarse el salario fijo.
Pero, además, los administradores del FROB censuran abiertamente la gestión de María Dolores Amorós al frente de la CAM y señalan que falseó las cuentas para dar una imagen engañosa de la entidad, lo que podría suponer un fraude. También exponen la ausencia de controles para limitar el riesgo.
En el caso de su antecesor, Roberto López Abad, los argumentos que podrían utilizar los nuevos gestores de la caja son prácticamente los mismos, según las fuentes consultadas, con la diferencia de que, al no formar parte ya de la plantilla de la entidad, las actuaciones son más complicadas. López Abad, que había abandonado la dirección de la CAM para asumir su nuevo cargo en el fallido Banco Base, se acogió al proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la entidad y causó baja el pasado 30 junio. Se embolsó 3,8 millones netos en concepto de indemnización y entre tres y cinco millones más por su plan de pensiones, según algunas fuentes.
Al igual que en el caso de Amorós, los nuevos gestores señalan que el cálculo de su pensión tampoco cumplió con los parámetros fijados por el consejo –sólo se tuvo en cuenta su salario de diciembre de 2010– y, apuntan, además, que López Abad también empleó este mismo sistema para determinar la jubilación del resto de la cúpula de la entidad. Igualmente cuestionan el crecimiento que experimentó la entidad bajo su mandato, que estiman poco razonable, y que se basó en el recurso a la financiación mayorista y en un abuso del uso de títulos como las participaciones preferentes.
Desde el Banco de España todavía están pendientes de resolver el expediente abierto para determinar si los anteriores responsables de la CAM contravinieron la normativa bancaria o cometieron alguna irregularidad punible. Como avanzó este diario, el supervisor está especialmente molesto porque la caja realizó algunas operaciones que le había vetado expresamente o no había autorizado, como sería el acuerdo –ahora anulado– para la recompra de las cuotas participativas o la inversión en la entidad Crédito Inmobiliario de México.
Este diario intentó ayer conocer la versión de estos hecho de María Dolores Amorós y Roberto López sin éxito. Igualmente, el expresidente de la CAM Modesto Crespo declinó realizar ningún comentario.

Prejubilaciones multimillonarias para la cúpula directiva
Caja Mediterráneo pagó idemnizaciones multimillonarias a varios de sus directivos, la mayoría de ellas antes de que se produjera la intervención. El 27 de julio pasado INFORMACIÓN publicó ya la cantidad percibida por Roberto López (3,8 millones de euros netos, más el plan de pensiones), así como las de los exdirectores generales Vicente Soriano, Joaquín Meseguer o Gabriel Sagristá, que tal como se informó entonces recibieron cantidades que oscilaban entre el millón y los dos millones de euros, superando el total de los pagos los diez millones de euros. Esa cantidad se ha incrementado posteriormente, con la prejubilación, por ejemplo, del último director general adjunto, Agustín Llorca, que suma dos millones más.

Amorós quiso declarar beneficios en el primer semestre

Los nuevos gestores también señalan que se hacían operaciones de refinanciación para contener la morosidad

 ­A pesar de que la situación por la que atravesaba la CAM ya era más que evidente, la exdirectora general de la caja, María Dolores Amorós, presentó a los administradores designados por el FROB un balance del primer semestre del año en el que se declaraban unos beneficios de 81 millones de euros y una morosidad de un 9,5%, frente a las pérdidas de 1.136 millones y la tasa de impago del 19,5% que finalmente presentó la entidad a las autoridades.
Amorós logró estos resultados gracias a que no contabilizó las pérdidas por deterioro de activos, que ya le había requerido el Banco de España, y gracias también a prácticas como la refinanciación continua de deudas empresariales para evitar que la tasa de impagos aumentara, según recogía ayer Expansión. De esta forma, los delegados del FROB entienden que la ejecutiva intentó engañarles y quiso transmitir también públicamente una imagen falsa de la situación de la caja. En este sentido, recuerdan que en las cuentas no auditadas del primer trimestre declaró públicamente y comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores unos beneficios de 39,8 millones, también irreales, a su entender.
En el informe para argumentar el despido disciplinario de Amorós, el FROB también apunta a su responsabilidad en la ruptura de la fusión con Cajastur y señala que las sospechas de los socios de la CAM de que se ocultaba información podrían estar fundamentadas. En este punto hay que recordar, no obstante, que uno de las claves de la ruptura fue la inspección que realizó el Banco de España y que obligó a la alicantina a reclasificar miles de créditos. El resultado de dicha inspección se comunicó hasta diciembre de 2010.
Los nuevos gestores señalan que la gestión de Amorós supuso un grave perjuicio para los empleados, los clientes y los inversores, por lo que barajan emprender acciones legales.

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