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Las organizaciones ecologistas ANSE, CEMDA, Ecologistas en Acción y Greenpeace de España y México han reclamado al Banco de España que investigue los "vínculos" entre la Caja Mediterráneo (CAM) y una promotora inmobiliaria y turística "implicada", según estas entidades, "en varios proyectos dudosos o fallidos de carácter turístico e inmobiliario". También han pedido que la entrada de fondos públicos para sanear la caja suponga "el fin inmediato a esos proyectos especulativos y depredadores del medio ambiente".
La solicitud la han realizado a través de una carta que han enviado este jueves al presidente del Banco de España y a los administradores de la CAM nombrados por esta entidad, así como a la Embajada de España en México.
En un comunicado, los colectivos señalan que la CAM "posee el 30% de las acciones de Hansa Urbana y siempre ha atendido las peticiones de financiación planteadas por la empresa". En diciembre de 2006, por ejemplo, le concedió un crédito de 95 millones de euros para adquirir los terrenos del megaproyecto Novo Cartagho, en Murcia, hoy paralizado. Según las estimaciones publicadas por varios medios y citadas por estas fuentes, las líneas de crédito de la firma con la CAM oscilan entre 700 y 800 millones de euros en total.
Esta empresa alicantina, prosiguen, se dedica a la construcción y los negocios inmobiliarios, con especial atención a los lotes turísticos mixtos compuestos por hoteles, campos de golf y segundas residencias. Aunque ha actuado en diversas zonas del territorio español y en el extranjero, las regiones donde se ha concentrado la mayor parte de su actividad --"y donde todavía tiene la mayoría de sus activos, así como de sus proyectos retrasados o fallidos, apuntan-- son la Comunitat Valenciana y Murcia.
En concreto, en Murcia es propietaria mayoritaria e impulsora de tres grandes desarrollos urbanísticos y planes parciales que pretenden la construcción de unas 23.000 viviendas: Novo Carthago, Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre. "Muy probablemente, la empresa es la mayor propietaria de suelos residenciales en las planicies costeras de la región, aunque casi todos sus proyectos se localizan en el mismo límite de espacios protegidos", señalan las organizaciones, que añaden que, "debido al desplome de la ´burbuja´ inmobiliaria y a varios problemas legales, la mayoría de sus proyectos se encuentran paralizados".
En la misma línea, consideran que "los excesos urbanísticos impulsados en diversos puntos de la costa mediterránea española" por esta empresa, "con el apoyo de responsables políticos y de la CAM, han contribuido a la ruina de la entidad bancaria". "La intervención del Banco de España debe ir acompañada de la investigación de las relaciones entre la CAM y Hansa, y la revisión de dichos proyectos", insiste Pedro García, de ANSE.
Además, manifiestan que la expansión internacional de la promotora comenzó en México en 2005 con el proyecto Nuevo Cancún. En 2007 compró 3.850 hectáreas en Baja California Sur, donde pretende poner en marcha el macroproyecto inmobiliario y turístico llamado Cabo Cortés. Con un tamaño en habitaciones de hotel y viviendas similar al conjunto de Cancún, el proyecto cuenta con otros ingredientes como campos de golf, puerto deportivo y aeropuerto privado. Cabo Cortés se encuentra en la zona colindante al Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, una zona protegida desde 1985 y que es Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, debido a su incalculable valor ecológico.
Precisamente por ello, y por los "daños irreversibles" que podría causar al mismo, tanto las comunidades de la zona como organizaciones ecologistas y académicas "han expresado en reiteradamente su oposición a este proyecto, que se encuentra paralizado a la espera de que se aclaren cuestiones relativas a su impacto en el medio ambiente".
"Cabo Cortés es un caso flagrante de incumplimiento de la normativa medioambiental mexicana, y por ello estamos presentando diversos recursos legales y pidiendo a las autoridades que anulen de forma definitiva el proyecto", afirma Agustín Bravo, de CEMDA.
Las organizaciones resaltan que la CAM no es ajena a estas "aventuras", ya que su informe anual de gobierno corporativo en 2009 muestra algunos datos en este sentido.
"La CAM es perfectamente consciente del proyecto de Cabo Cortés y de sus posibles riesgos, a tenor de la intervención de su directora general, María Dolores Amorós, en la Asamblea de la entidad en junio de 2010. Cuando los representantes sindicales preguntaron a la caja acerca del potencial impacto de Cabo Cortés, Amorós afirmó que se trataba de un proyecto que cumple con la legalidad y respeta el medio ambiente, y que la caja estaría vigilante para que ello siga siendo así", relatan las mismas fuentes.
"Greenpeace, Ecologistas, CEMDA y ANSE, y muchas otras organizaciones españolas y mexicanas, estamos en condiciones de afirmar que no es así, y que el proyecto en ningún modo respeta la legalidad ni el medio ambiente", señaló Alejandro Olivera, de Greenpeace México.
LLAMAR LA ATENCIÓN
Por todo ello, y ante la intervención del Banco de España en la CAM, las organizaciones han remitido una carta al gobernador del Banco de España para "llamar su atención hacia estas irregularidades urbanísticas y medioambientales".
"Hemos solicitado una reunión con los nuevos consejeros de la CAM nombrados por el Banco de España, y esperemos poder tener toda la información relativa a la situación actual de Cabo Cortés", concluye Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción. |
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