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La entidad alicantina tiene «muy avanzadas» las conversaciones con dos fondos de inversión
Caja Mediterráneo (CAM) explora todas las vías para evitar ser intervenida por el Banco de España, en caso de que no logre el «core capital» mínimo del 10%, y al mismo tiempo conjurar el riesgo de quedar bajo el control del Estado a través de la inyección de 2.800 millones de euros del FROB —que convertirían al Estado en el accionista mayoritario de Banco CAM—.
La opción que ha empezado a cobrar fuerza en las últimas horas —y que, en realidad, siempre ha estado sobre la mesa— es la de incorporar a un socio extranjero al proyecto, una vez roto el SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. En este sentido, fuentes de la caja confirmaron que CAM ha abierto conversaciones con dos fondos de inversión de origen estadounidense, que estarían interesados en entrar a formar parte del accionariado del nuevo banco.
Según las mismas fuentes, las conversaciones están «muy avanzadas» con los dos fondos, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo con ninguno de ellos. La directora general de la caja, María Dolores Amorós, se desplazó ayer a Madrid para mantener una reunión en la sede del banco Nomura, que asesora a la entidad alicantina en dichas conversaciones.
Las citadas fuentes, en cualquier caso, declinaron identificar a los posibles inversores, aunque en el sector se especula con el interés de los fondos de capital riesgo Carlyle y JC Flowers, que ya han tanteado a otros bancos surgidos de las fusiones entre las cajas españolas —especialmente, en el caso de JC Flowers, a Banca Cívica—.
En julio
Mientras mantiene abiertas las conversaciones para incorporar inversores privados —la opción preferida por el Banco de España—, CAM sigue a la espera de recibir la inyección del FROB (2.800 millones en caso de que no se incorpore antes nuevo capital), que debería cristalizar según los cálculos de la caja al comienzo del segundo semestre. Es decir, en el próximo mes de julio.
Con la entrada de capital del FROB, la entidad alcanzaría un «core capital» del 10,7%, siete décimas por encima del exigido por el regulador, y una ratio de solvencia del 14% (seis puntos por encima del mínimo). Unas condiciones que deben cumplirse antes del mes de septiembre, según el decreto del Banco de España. |
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