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La factura de la reordenación del sector bancario español está siendo más abultada de lo esperado. A la necesidad de reducir cerca de un 20% la red de oficinas y afrontar miles de prejubilaciones, se suman los recurrentes saneamientos de las carteras de créditos vinculados con el ladrillo y su factura sobre la solvencia.

El caso de cuatro cajas de ahorros es especialmente relevante. Caja Mediterráneo (CAM), Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Unnim van a duplicar los niveles de capital principal que tenían antes de comenzar las turbulencias financieras, teniendo en cuenta el punto del que partían y las nuevas exigencias anunciadas en febrero por el Banco de España (ver cuadro).

Catalunya Caixa partía de un capital principal de 1.898 millones de euros y para alcanzar la cota del 10% va a necesitar un total de capital adicional por 2.969 millones. Ya recibió ayudas por 1.250 millones, a los que se suman otros 1.719 millones de necesidad de capital detectada por el Banco de España en febrero. En una coyuntura similar está Novacaixagalicia, que partía de los 1.689 millones de recursos propios de capital principal previos a cualquier aportación pública y a la que se le exige, aplicando los nuevos criterios de solvencia del Banco de España sobre esa cuantía inicial, un capital adicional por un total de 3.777 millones, más del doble de su situación original. También Unnim, la otra fusión de cajas catalanas, y CAM deberán duplicar el nivel de capital con el que partían al iniciarse la crisis financiera.

Las entidades consultadas sobre esta fuerte exigencia de recapitalización establecen algunos matices. Todas ellas han recibido apoyo público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en forma de préstamos que deben pagar al 7,75%. Esta primera inyección de dinero permitió a muchas cajas de ahorros acometer saneamientos extraordinarios que mermaron sus ratios de solvencia y que no habrían encarado de no haber recibido ese apoyo público. Además, la exigencia de alcanzar el ratio de capital principal del 10% no se aplicará a aquellas entidades que salgan a Bolsa o encuentren algún inversor institucional que tome más del 20% de la entidad. Esta excepción beneficia especialmente a Bankia que, de no ser por su proyecto de salida a Bolsa, también debería duplicar su volumen de activos considerados como capital principal, en los que se incluyen los 4.465 millones de ayudas de FROB ya recibidos.

Aun así, desde la entidad matizan que la creación de Banco Financiero y de Ahorros obligó a las cajas de ahorros que lo integran a contabilizar a valor razonable todos sus activos y pasivos y sus sociedades dependientes, lo cual tuvo como consecuencia una reducción del saldo de reservas. Esta situación también que ha afectado al resto de entidades.

En busca de inversores privados

Bankia mantiene su firme intención de cotizar en los mercados como filial de BFA, donde se incluirán los activos de peor calidad, como el suelo. Su gran tamaño favorece sus posibilidades para salir a Bolsa, aunque en su contra juega el fuerte recelo de los inversores institucionales hacia las entidades financieras españolas y, en especial, hacia las cajas de ahorros.

Para cubrir los nuevos requerimientos de solvencia las entidades también tienen la posibilidad de vender algunos de sus activos. Catalunya Caixa redujo sus necesidades de capital adicional en 186 millones gracias a la venta de una participación del 1,63% en Repsol, con la que mejoró su ratio de capital básico en 32 puntos.

Sin embargo, las nuevas complicaciones por las que atraviesan los mercados están dificultando las posibilidades de las cajas de vender activos o atraer inversores institucionales. Si no logran este objetivo, la mayoría de las cajas de ahorros con amplias necesidades de capital pasarán a estar bajo influencia del Estado.

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