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Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, experto en asuntos financieros e investigador del IVIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, analiza el panorama bancario español en una semana funesta por la defunción del Banco Base, el proyecto liderado por la CAM y Cajastur. La entidad alicantina tiene ahora de plazo hasta el 10 de abril para encontrar un nuevo socio que le permita cumplir los requisitos de capital exigidos por el Banco de España. Uno de los grandes bancos aguarda para hacerse con ella.

¿Qué futuro prevé para la CAM?
Es muy incierto. La pelota está en el tejado del Banco de España, que es el que debe tomar la decisión. La CAM ya le ha pedido ayuda al FROB, luego su plan es el dinero público, lo que implica que la CAM tiene tres meses para crear un banco para que el FROB compre las acciones de la nueva entidad. Pero no tiene por qué ser la solución final. Todo depende del Banco de España, que intentará minimizar el uso de fondos públicos. En consecuencia, intentará que otra entidad financiera esté interesada en comprar la CAM. Será su prioridad. Si no lo consigue, hay dos vías. Primera, inyectar ayuda pública, en función de la estimación que haga el Banco de España para llegar al 10 % de core capital. Si supera el 50 %, la CAM desaparece como caja y se convierte en fundación. La última posibilidad es la intervención. Con nuevos gestores, la caja se convertiría en fundación y el nuevo banco se subastaría.

¿Cómo calificaría la gestión de los responsables de la CAM?
En muchas entidades españolas se puede hablar de falta de diligencia en la gestión, porque se ha infravalorado la concentración de riesgos en la actividad inmobiliaria, con un crecimiento acelerado del crédito en los últimos años que conlleva que hoy la magnitud de los activos potencialmente problemáticos (morosos, activos adjudicados, créditos subestándar) sea muy elevada. La CAM es una de esas entidades.

El estado real de las cuentas de la CAM y el hecho de que Bancaja se haya integrado en un grupo liderado por Caja Madrid ponen de relieve que la unión de ambas habría sido una catástrofe. Vista la situación, ¿cree usted que era factible que alguna de ellas liderada un proyecto nacional con otras cajas de menor tamaño?
No. La fusión entre ellas era inviable, por falta de sintonía política entre Valencia y Alicante y por el coste social, que era prohibitivo. Pero tampoco creo que estuvieran en condiciones de liderar un proyecto nacional, porque en ambos casos la concentración de riesgos en el ladrillo es elevada. No destacaban por ser solventes ni eficientes, que es lo que ha caracterizado a las entidades que han liderado proyectos. Al final, la hoja de ruta la ha impuesto el Banco de España y no ha habido más remedio que hacerle caso.

¿Qué consecuencias puede tener el fracaso del Banco Base en la recapitalización del sector financiero?
Desgraciadamente, no es una buena señal que un proyecto aparentemente cerrado haya fracasado. Eso perjudica a la imagen del sector financiero español y por extensión de la economía. Es posible que se vuelvan a generarse dudas sobre la salud del sector bancario. Podría afectar a la prima de riesgo de la deuda española y, por extensión, a la prima que deben pagar los bancos españoles para captar liquidez. También al precio de salida de las entidades que van a ir en los próximos meses al mercado a captar capital.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha culpado al Banco de España de la situación. ¿El Consell no tiene también su parte de responsabilidad?.
La responsabilidad de una crisis es compartida, pero al final la clave es la gestión de las entidades. Es cierto que ha habido una politización, pero eso ha sucedido en todas las autonomías y la situación de las cajas es dispar. De todas formas, la reforma de la ley de cajas del año pasado, aunque rebajó el grado de politización de las cajas, lo hizo en escasa medida, al reducir solo del 50 % al 40 % la presencia de las administraciones públicas.

Las críticas al Banco de España por cómo ha gestionado la reestructuración bancaria arrecian. ¿Las comparte usted?
Lo que está claro es que el Banco de España no consiguió frenar el excesivo crecimiento del crédito, que es el germen de los problemas actuales, a pesar de que obligaba a unas provisiones anticíclicas. En ese sentido, tiene una cierta responsabilidad. Ya una vez estallada la crisis el supervisor ha ido haciendo lo que ha podido, con respuestas importantes pero insuficientes, como la aprobación del FROB, la reforma de la ley de cajas, el real decreto de reforzamiento del capital... Debería haber exigido mayor transparencia informativa mucho antes. El mercado sigue desconfiando del sistema financiero español. De ahí que fueran medidas insuficientes.

¿Estaríamos así si el Gobierno y el Banco de España hubieran recapitalizado las entidades al inicio de la crisis, como hicieron otros países, en lugar de insistir en que aquí no era necesario?
Si se hubieran dado respuestas mucho antes en el tiempo, como hicieron otros países, quizás no habríamos llegado a la situación actual.

¿Cómo definiría la situación actual?
De incertidumbre, porque el Banco de España ha intentado transmitir la imagen de que la reestructuración estaba cerrada y ahora vemos que en algunos casos el cierre ha sido en falso.

¿Son creíbles las cifras de capitalización planteadas por el Banco de España?
No son comparables a las estimaciones hechas por otras instancias, porque el Banco de España ha estimado el capital necesario para cubrir las exigencias del real decreto, que ascienden a 15.000 millones, mientras que el resto de instituciones suele estimar las necesidades de capital en escenarios de estrés y por eso es normal que sean muy superiores. Habrá que esperar a junio de este año, cuando se hagan las pruebas de solvencia, para ver si será necesario inyectar más capital para aprobar.

¿Qué sucederá?
Confío en que la mayoría pase las pruebas, porque el objetivo del real decreto era que las entidades tuvieran más capital del que exige Basilea III para estar mejor preparadas para superar esas pruebas.

¿Habrá dinero suficiente en los mercados para capitalizar a los nuevos grupos que van a cotizar?
En el caso de Bankia, no creo que haya ningún problema, porque aquí el tamaño importa. En los casos de Banca Cívica y Banco Mare Nostrum, entidades de mucho menor tamaño, va a ser más difícil, no porque no haya fondos, sino por el descuento que les puede exigir el mercado. Si el recorte que exigen sobre su valor contable es muy grande, quizás no les interese salir al mercado, porque implicaría diluir el control de las entidades, que es uno de los motivos por los que el Banco Base, con la oposición de la CAM, prefería pedir dinero al FROB antes que salir a bolsa.

¿Qué panorama otea para dentro de dos o tres años? ¿Cuántos bancos operarán?
Grupos bancarios va a haber muchos menos. Puede haber una nueva ronda de fusiones, como ya estamos viendo, en la que algunos bancos pueden estar interesados en comprar cajas. El número de competidores va a caer y el mercado se va a concentrar mucho más.

¿Seguirá habiendo cajas?
Habrá cajas que serán propietarias de bancos, en diferentes porcentajes, pero cajas como lo que conocíamos hace un par de años, lo dudo mucho. Si acaso quedará algo testimonial, como una Caixa Ontinyent.

¿Es la Comunitat Valenciana una de las perdedoras en la reestructuración financiera?
Lo que está claro es que ya no podemos hablar del sector bancario valenciano, salvo el Banco de Valencia, que también es del grupo Bankia. Pero creo que eso no es tan importante. Lo que importa es que las entidades que haya en Valencia estén saneadas para financiar los proyectos empresariales valencianos.

¿Comparte la afirmación de que los requisitos de capital tan elevados suponen una mayor contracción del crédito?
No. No afecta negativamente al crédito porque se han tomado como referencia los activos ponderados por riesgo a fecha de 31 de diciembre de 2010 y, por tanto, una entidad no puede mejorar su solvencia reduciendo sus créditos, porque se toma como referencia un dato ya pasado y fijo. Otra cosa muy distinta es el impacto que puedan tener las mayores exigencias de Basilea III, que entran en vigor en 2013 y que sí pueden penalizar el crédito porque exigen más capital, pero aquí y en todo el mundo.

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