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El tribunal sostiene que la comercialización de este producto fue delictiva.
La Audiencia Nacional ha ordenado a la jueza Carmen Lamela que reabra el caso de la venta de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al entender que su comercialización fue delictiva porque un 70% de los inversores resultaron perjudicados al no haber sido informados de que se trataba de un producto de riesgo. La togada decidió archivar esta investigación el pasado mes de marzo aunque acordó sentar en el banquillo a los exdirectores de esta caja Roberto López y Dolores Amorós por la venta de preferentes.
Los jueces de la Audiencia dan la razón a los perjudicados de las participativas (un 3,4% de ellos jubilados), y sostienen que la antigua CAM puso a la venta este producto "en un plan preordenado" de recapitalización "ante la situación de crisis real de la entidad". Para ello, ocultaron "al inversor la naturaleza del producto y la situación de la entidad aprovechando la generalizada ignorancial" de los compradores sobre la realidad del riesgo de estas cuotas.
EL TESTIMONIO
El tribunal además acusa a los directivos de la CAM de haber actuado sabiendo "la alta probabilidad de que las inversiones sufriesen una súbita desvalorización". Los togados recogen en su resolución el testimonio de Manuel Navarro que fue un directivo de la CAM y que afirmó que había "que colocar" las cuotas participativas "de la forma que fuera". Para lograrlo, este producto se ofertó a un 70% de los inversores que eran minoristas y no reunían la condición de inversores cualificados como "una oportunidad histórica" y se les informó verbalmente "de que podrían rescatar su dinero sin problemas porque cotizaba en bolsa". |
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