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La magistrada fijó ayer una fianza de 1.592 millones de euros para los ocho ex directivos de la CAM
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado una nueva resolución en la que fija la responsabilidad civil subsidiaria impuesta ayer al Banco de Sabadell por la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de 1.592 millones de euros a 25,6 millones de euros.
La magistrada fijó ayer una fianza de 1.592 millones de euros para los ocho ex directivos de la CAM que se sentarán en el banquillo por estos hechos. Todos ellos deberán responder por ella de forma solidaria, junto con Caser, pero ésta únicamente por la cantidad que aseguró en el periodo 2010 y 2011, en concepto de responsabilidad civil de los consejeros y directivos de la caja. En un comunicado la aseguradora la cifra en 15 millones de euros.
La resolución ahora corregida establecía que en el caso de que los anteriores no pudieran hacer frente a semejante cantidad deberían hacerlo el Banco Sabadell -que se quedó con la CAM por un euro- y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (Fundación CAM).
Tras recibir el auto, la defensa del Banco Sabadell solicitó una aclaración al entender que esta entidad sólo debían responder por una cantidad muy inferior a los 1.592 millones fijados. La juez Lamela le ha dado la razón al comprobar que las únicas partes acusadoras que solicitaban su responsabilidad civil subsidiaria fueron dos, las que representan a Bon Llar SL y a un grupo de perjudicados. Esta empresa realizó una reclamación de 62.545,28 euros, mientras que los perjudicados representados por el letrado Diego de Ramón, de 19.161.832 euros.
Por tanto, procede, dice la juez, de conformidad con lo dispuesto en el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), rectificar el error material cometido en el auto de apertura de juicio oral, "siendo la cuantía de la que debe responder Banco de Sabadell de 25.632.503,32 euros, correspondientes a la suma de ambas cantidades incrementado en el tercio que establece la ley".
En el auto también se modifica la cantidad de la que debe responder el acusado Salvador Ochoa al no estar acusado por el Fondo de Garantía de Depósitos. Tras la modificación deberá responder por 387 millones y no por los 1.592 millones que de forma solidaria se atribuía a todos los acusados, como se hizo constar por error en el auto de ayer.
En su comunicado, Caser precisa que, además de los 15 millones que aseguraba en la póliza firmada con la CAM, en 2008 se firmó otra también de responsabilidad civil, pero exclusivamente destinada a garantizar este riesgo en una concreta emisión de cuotas participativas por 25 millones.
Añade que entiende que esta cantidad "no resulta de aplicación en los hechos que van a juzgarse en la Audiencia Nacional" y que en cualquier caso las pólizas suscritas no garantizan "las responsabilidades civiles derivadas de actos dolosos".
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