Portada > Prensa

JUAN CARLOS SOLER

La próxima apertura de juicio oral en la causa judicial que conduce la Audiencia Nacional contra los antiguos responsables de la Caja Mediterráneo (CAM) puede significar que algunos inversores que colocaron en esta entidad hasta 400.000 euros individualmente recuperen su dinero.

La Plataforma CAM representa a algunos de estos afectadosque, si bien no son muchos en número, sí tienen importancia por el volumen de sus inversiones en las cuotas participativas, que en contra de lo que se ha creído durante buena parte del proceso judicial, no están completamente perdidas a valor cero, sino que pueden terminar siendo reembolsadas.

En su escrito como acusación popular presentado esta semana ante el juez en la recta final de la instrucción de la pieza principal, el abogado Diego de Ramón argumenta que «la comisión de las irregularidades es muy anterior al año 2008 y especialmente aquellas de las que se desprenden las adquisiciones de suelo por debajo del valor real y vendidas u ofertadas a CAM a precio recalificado». Hasta ahora, los inspectores de la gestión de la entidad alicantina se han centrado en los ejercicios de 2009 a 2011, pero el Banco de España ya había advertido en tres ocasiones a la CAM del riesgo de concentración del negocio en el mercado inmobiliario, que alcanzaba casi un tercio del total entre 2006 y 2010.

Y también en el periodo anterior al que habitualmente se ha investigado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)ya detectó una «infracción grave» por el «incumplimiento reiterado» de facilitar información a los clientes en «las emisiones propias con derivado implícito, catalogadas por la entidad como no complejas durante el ejercicio 2008», según figura ya en la causa. Es decir, que se comercializaron las cuotas participativas como un producto financiero sencillo, cuando se trataba de todo lo contrario, de alto riesgo. Idéntica infracción se apreció en la colocación de las preferentes. A raíz de ellos se suspendieron y se abrió expediente sancionador a la cúpula de la caja en aquel momento (el presidente Vicente Sala, Antonio Gil-Terrón, Roberto López Abad y hasta ocho directivos). También en el informe del Banco de España, se relata en detalle el origen de la ruina económica de la caja, muy anterior al lanzamiento de las cuotas participativas.

Créditos sin mesura

«La palanca utilizada fue el crecimiento de la inversión crediticia, superior al 300% en el periodo 2002 al 2008» mediante fondos de los mercados mayoristas y «se dejaron de gestionar los riesgos inherentes al negocio bancario». Y ni siquiera cuando en todo el mundo se dispararon las alarmas por la caída de Lehman Brothers los directivos alicantinos cambiaron de política de negocio. «Es importante destacar la falta de reacción de la caja ante la retirada masiva de fondos en la red que tuvo lugar en 2008 con la crisis mundial de Lehman Brothers sin que la CAM tuviera activos suficientes descontables en la póliza de crédito del Banco Central Europeo», constataba también el Banco de España.

Sí que sirvieron, en cambio, los primeros indicios de crisis en los mercados internacionales para que la cúpula se guardara las espaldas con unas jubilaciones doradas -47 millones de euros- que posteriormente el juez Bermúdez anuló. En 2007 el consejo de administración aprobó contratar con Caser Seguros una «prestación adicional», un complemento a sus pensiones. Y en los años siguientes, los acusados «sin acuerdo del consejo, fueron variando la cobertura contratada en su propio beneficio», según ha quedado incorporado a la causa.

Así, el 21 de junio de 2010 acordaron el pago por adelantado de 25,6 millones de euros «aun cuando conocían la delicada situación de la CAM y su difícil viabilidad», o precisamente porque la conocían.

Volver a la sección