|
Los mercados mantienen tres dudas sobre España: sobre su banca, sobre la puntualidad del Gobierno en cumplir sus promesas; sobre si el asténico crecimiento generará recursos suficientes para pagar la deuda.
La (espasmódica) velocidad del Gobierno, mejor para él que la demuestre, le va en ello la vida. Y la incógnita sobre la (débil) robustez del crecimiento se va resolviendo a favor de las previsiones oficiales domésticas, al cabo más fiables que las de las entidades privadas y los organismos internacionales.
Queda, pues, la banca.
La incógnita consiste en si bancos y cajas serán capaces de acabar de digerir las pérdidas derivadas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, o se asfixiarán en el empeño.
Esa duda se ha vuelto atenazante por contagio, a raíz del rescate irlandés, que se hizo urgente por culpa de su banca. Y porque esta erosionó el glamour de las pruebas de resistencia de julio, que tanto habían beneficiado a las entidades españolas. Y por cuestión de tamaño: en 2011 vencen 135.000 millones de deuda del sector; deberá emitirse deuda pública neta por 43.000 millones y deuda global bruta (privada y pública; refinanciación de antigua y emisión de nueva) por 245.000 millones.
Cuando promotores y familias impagan sus hipotecas, quedan colgadas del balance de bancos y cajas como créditos dudosos, morosos o fallidos (según la duración del impago y el nivel de garantías). Los activos (fincas, pisos), también. Las entidades tardan en limpiarlos / eliminarlos de sus balances, porque son mediocres vendedoras de pisos y para minimizar su agujero. Suelen mantenerlos a los precios de origen (altos), sin aplicarles la gran depreciación, actual y próxima, del mercado.
Un daño colateral de este arrastre de pies consiste en que la reserva de en torno a un millón de viviendas invendidas no se absorberá hasta que el 10% en manos de la banca no reduzca sus precios. El pez se muerde la cola. La construcción atrancó en la banca y no arranca en parte por su culpa.
Para disipar las dudas sobre el alcance exacto del agujero inmobiliario de la banca, el Banco de España (BdE) le exige más transparencia, nuevos datos: sobre la cartera de promoción y construcción, sobre la cartera hipotecaria residencial, las garantías que las respaldan, el valor del préstamo respecto a la tasación del activo, su estado de pago; las coberturas constituidas para atender su posible deterioro... Todo para marzo próximo. La banca cumplirá, pues el BdE puede obligarla (como pensó hace un año) a realizar más altas dotaciones sobre esos créditos dudosos.
Ha hecho más. Publica (Situación y perspectivas del sector bancario español, diciembre de 2010) la radiografía de la situación: un 2,5% del crédito hipotecario a las familias es dudoso; y un 10,9% del crédito a promotores y constructores. [Dudoso: dícese del crédito con cuotas impagadas por más de 90 días].
Así, "la inversión potencialmente problemática del sector bancario" por su implicación en la burbuja inmobiliaria "asciende a 180.800 millones", al mes de junio. Pero un tercio de esa exposición está cubierta por las provisiones ya realizadas, indica el informe.
El BdE ha "vuelto a repasar" las pruebas de resistencia y entiende que "describen adecuadamente la situación actual del sistema bancario y de sus riesgos", dirimió el subgobernador Julio de Aríztegui.
"El sistema financiero es el talón de Aquiles de la recuperación", indicaba poco antes el consejero financiero del FMI, José Viñals, para quien "España ha cogido el toro por los cuernos y está haciendo bien las cosas".
El registro hecho público hace una semana por la Reserva Federal sobre los préstamos concedidos a bancos europeos en crisis de liquidez abona esa idea: la Fed prestó al suizo UBS 74.500 millones de dólares. Y a otros: Barclays (48.000), Paribas (41.800), Scotland (38.500), Dexia (23.000), Commerzbank (20.000). El único español de la lista, el Santander, solo necesitó 200 millones.
Un prestigioso boletín canadiense de análisis financiero (The Bank Credit Analyst, BCA, Vol. 62-6) concluye que la pérdida inmobiliaria latente máxima de bancos y cajas ascendería a 42.000 millones de euros, un 4% del PIB español, lo que es "más manejable"; que "en el peor de los casos, muy difícil de creer", ascendería al 10%; y que "no parece plausible" que ese porcentaje, dada la escasa deuda pública, del 63% sobre el PIB, "pudiera empujar al Gobierno a la suspensión". "Incluso en un escenario extremo, parece altamente descartable. Esta vez la línea Maginot aguantará", concluye.
Quizá el Banco de España, el FMI, los registros de la Fed y analistas anglosajones como el BCA yerren al guiarse por razones objetivas. Y no como ciertos agentes del mercado y algún tortuoso tribuno, por el olor a sangre, las bajas pasiones y el reventismo. Continuará. |
Ver artículo original
