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D. NAVARRO 14.02.2014 | 00:22

La petición formal de la Fiscalía Anticorrupción para que los antiguos miembros de la comisión de control de la CAM devuelvan las dietas que cobraron de la participada de la caja TIP cayó ayer como un mazazo entre los afectados, que aseguran no entender «cómo pueden ser incorrectos unos pagos que conocían tanto el Instituto Valenciano de Finanzas como el propio Banco de España» ya que, entre otras cosas, constaban en los informes anuales sobre gobierno corporativo que se enviaban a las autoridades. También les preocupa el hecho de que el Ministerio Público exija las cantidades brutas sin tener en cuenta que una buena parte de las mismas fueron a parar a manos de Hacienda por las retenciones practicadas y que ahora resultará complicado reclamárselas al Estado. 
La petición forma parte del escrito de acusación que dirige la Fiscalía contra el exdirector general Roberto López Abad y con el expresidente de la comisión de control de la entidad, Juan Ramón Avilés. Al primero le acusa de un delito de apropiación indebida y le reclama cuatro años de cárcel y 90.000 euros de multa por urdir un sistema para inflar las dietas de los miembros de la citada comisión –la que en teoría debería haber vigilado que la caja no cometiera los desmanes que la llevaron a la quiebra– mediante la creación de una comisión de seguimiento en la participada TIP. De esta forma se podían saltar los estrictos límite que marcaba la normativa autonómica para la retribución de los miembros de órganos de gobierno de las cajas. 
Contrato simulado
Por su parte, a Avilés le atribuye un cargo de otorgamiento de contrato simulado por el que, en teoría, fingió el traspaso de la propiedad de una de sus empresas a una hermana para eludir los controles de la Administración. Al resto de miembros de la comisión que se beneficiaron del cobro de dietas –en total se repartieron 1.494.029 euros– los considera partícipes a título lucrativo, aunque sin responsabilidad penal, y les exige su devolución con los correspondientes intereses.
«Si realmente está mal cobrado me parece bien que nos hagan devolver el dinero pero a nosotros nos decían que era lo que nos correspondía y venía con su retención de Hacienda, ¿por qué íbamos a dudar?», se preguntaba ayer uno de los afectados. En este sentido, este exmiembro de la comisión de control se lamentaba ayer de que «al final tendremos que pagar más dinero del que cobramos porque va a ser muy difícil reclamar a Hacienda lo que nos retuvo». 
Otros afectados recordaban que el Instituto Valenciano de Financias y el propio Banco de España tenía constancia del pago de esas cantidades, que también se incluían en los informes de gobierno corporativo que se remitían en la CNMV. En la misma línea, uno de los consultados recordaba que el pago de dietas por participar en los consejos de administración y otros órganos de las empresas participadas «era una práctica habitual en todas las cajas y, de hecho, la CAM fue una de las últimas en apuntarse a este sistema». «¿Por qué a los demás no se les exigen también?», insistía. 
Mientras, la Plataforma CAM mostró ayer su indignación porque la Fiscalía haya reclamado que el dinero recogido con la devolución de las dietas y con las multas sea para resarcir al Sabadell en lugar de beneficiar a los clientes que perdieron el dinero con las cuotas. También denunció el retraso que acumulan las otras tres causas –las que más directamente afectarían a estos ahorradores– debido a que el Banco de España y la CNMV tienen pendientes de entregar varios informes. La entidad rechazó, por su parte, realizar cualquier valoración.

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