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d. navarro

 La Plataforma CAM solicitará una reunión con los responsables de la gestora que desde el pasado martes se ha hecho cargo de la Obra Social de la extinta Caja Mediterráneo para convencerles de que utilicen una parte de la tesorería que aún acumula esta institución para compensar a los ahorradores que compraron cuotas participativas. Así lo anunció ayer a este diario el portavoz de la asociación, Carlos Pena, quien recordó que entre las tareas de la gestora está la amortización definitiva de los polémicos valores emitidos por la CAM y que, según el Banco de España, perdieron todo su valor para absorber las pérdidas sufridas por la entidad en el año 2011. 
Pena quiso dar ayer un voto de confianza al recién elegido presidente de la gestora, el exsecretario autonómico de Turismo Matías Pérez Such, con la esperanza de que atienda sus reivindicaciones. La propuesta de la Plataforma CAM consiste en utilizar una parte de los 76 millones de euros en depósitos que tiene la Obra Social para compensar a aquellos que invirtieron menos de 6.000 euros en cuotas -la inmensa mayoría-, para los que no resulta rentable acudir a los tribunales debido a las elevadas tasas judiciales y al coste de abogados y procuradores. "Creemos que con esa cantidad sería suficiente, no queremos que se venda patrimonio ni nada parecido", apuntó ayer el portavoz de los afectados. 
En cualquier caso, señaló que si la gestora opta finalmente por amortizar a cero euros las cuotas "la Plataforma se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra la Generalitat", que es quien designó a los miembros de este nuevo organismo. 
Fue el pasado martes cuando, cinco meses después de que la CAM perdiera su condición de entidad financiera y el Banco de España pusiera fin a su administración provisional, se constituyó la nueva gestora que debe encargarse de transformar la Obra Social en una fundación y también de amortizar las cuotas participativas. Una tarea, esta última, que no quisieron acometer los administradores provisionales designados por el FROB y que también se negaron a realizar los miembros de la Asamblea General de la caja o la propia Generalitat, que tuvo cuatro meses para hacerlo y prefirió esperar a que cambiara la legislación para evitarse el mal trago.

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