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j. collado

Las cuotas participativas de Caja Mediterráneo (CAM) no sólo perdieron teóricamente todo su valor en diciembre de 2011, sino que además sus poseedores no pueden compensar la minusvaloración de sus títulos en su declaración de renta de este año al continuar viva la acción en el mercado continuo de Madrid, un hecho que, según Víctor Baeta, presidente de la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM (AIVCAM), demuestra que "el Estado sigue haciendo negocio a costa de nosotros".
Fuentes oficiales de la Agencia Tributaria explicaron a este periódico que las acciones (las cuotas son acciones que no dan derecho a voto en las asambleas) no se pueden computar en pérdidas o ganancias a efectos fiscales mientras no se dé una venta de las mismas, algo que no puede ocurrir dado que su cotización fue suspendida el 9 de diciembre de 2011 después de que el FROB adjudicara el Banco CAM al Sabadell. Si al vender, el contribuyente obtiene una pérdida patrimonial, esta se podrá compensar con beneficios obtenidos durante el ejercicio en curso o dejarla pendiente de compensar para los próximos cuatro años. Los cuotapartícipes, más de 50.000, sólo dispondrán de esta opción cuando la gestora nombrada por la Generalitat para transformar la antigua caja de ahorros alicantina en una fundación tome la decisión -para la que no existe plazo- de liquidar los títulos, cuya última cotización bursátil fue de 1,34 euros tras haber debutado en julio de 2008 a 5,84 euros.
Asesores fiscales consultados por este periódico señalaron que ya han recibido algún caso en este sentido en el inicio de la campaña de la renta y coincidieron además en que la casuística de estos títulos es muy complicada. El Sabadell emprendió en 2011 lo que denominó una "campaña de vinculación" para evitar que los clientes de la CAM perjudicados por las cuotas participativas se marcharan a otra entidad.
En unos casos se les ofrecieron acciones del propio Sabadell por el equivalente al 23% de lo que invirtieron en los títulos, a otros se les ofrecieron depósitos por el 90% de su inversión y otros obtuvieron un interés preferente del 6% por sus ahorros. Y ello a cambio de renunciar a posibles reclamaciones posteriores y dejando bien claro que no se trataba de un canje, sino que la acción seguía perteneciendo al comprador y en ningún caso a la entidad, que prefirió no facilitar la cifra final de clientes que se habrían acogido a esta oferta.
Víctor Baeta, presidente de la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM (AIVCAM), confirmó que efectivamente se produce este nuevo menoscabo para los cuotapartícipes ("encima de burros, apaleados", fue su frase), algo que demuestra que "el Estado sigue haciendo negocio a costa de nosotros". Baeta se cuestionó que "realmente el mercado sea sagrado como dicen porque, en tal caso, deberían haber permitido que las cuotas siguieran cotizando, mientras ahora nos encontramos totalmente en manos de la gestora de la Generalitat".
Ésta tiene un papel complicado, ya que si opta por amortizar a cero euros los títulos, tendría que asumir también el coste político de certificar que miles de pequeños ahorradores han perdido definitivamente su dinero, además de hacer frente a posibles demandas. Si por el contrario decide resarcir a los afectados, tendría que enfrentarse a la Comisión Europea, que ha exigido que los accionistas de las entidades que hayan recibido ayudas públicas asuman las pérdidas.

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