El regulador responsabiliza Amorós y Roberto López de las cuentas del año 2010 con datos falsos
DAVID NAVARRO/ M. GALLEGO
Los exconsejeros de CAM faltaron a su deber de vigilancia y supervisión, e incurrieron por tanto en una dejación de sus funciones, pero los responsables de elaborar las cuentas de la caja de ahorros del año 2010 -que contenían datos supuestamente falsos- fueron los dos últimos directores generales de la entidad: María Dolores Amorós y Roberto López Abad. Así lo entiende la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha incluido a los dos ejecutivos en el expediente que ha abierto contra los anteriores dirigentes de la entidad por una infracción "muy grave". Un proceso que también se dirige contra la propia caja de ahorros, ahora en proceso de liquidación. En el documento de incoación del expediente, la CNMV recuerda la obligación de todas las entidades emisoras de valores cotizados de informar con datos exactos y veraces sobre sus cuentas y su situación patrimonial y señala que la CAM y sus responsables habrían infringido dicha obligación en el informe de 2010, cuando se hincharon los beneficios de forma ficticia mediante diversos artificios contables, según señala el regulador, citando también el informe elaborado por el Banco de España al respecto o las correcciones que tuvieron que realizar los administradores provisionales designados por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FRO) y la auditora KPMG en los siguientes balances de la entidad. La CNMV recuerda que aquel año, como consecuencia del proceso de fusión con Cajastur, posteriormente frustrado, la CAM sólo presentó sus cuentas individuales y señala los procesos de titulización de créditos como el principal origen de las irregularidades detectadas. Esta práctica consiste en empaquetar lotes de préstamos para colocarlos en el mercado a través de fondos especializados, un mecanismo habitual entre las entidades para obtener liquidez en base a los derechos de cobro de los préstamos. Si además se incluyen en el lote créditos impagados o con dificultades -que se venden a un precio menor- la operación permite al banco o caja recuperar las provisiones realizadas y reducir su tasa de morosidad, con lo que el beneficio es doble. El problema es que la CAM, al tiempo que vendía sus titulizaciones, adquiría una opción de compra sobre esos mismos valores por un precio muy similar por lo que, en realidad, no transmitió los riesgos. Es decir, que se trataría de una venta simulada y, por tanto, nunca se debieron dar de baja estos créditos ni recuperar las provisiones. Por eso, la comisión ejecutiva de la CNMV concluye que la CAM "habría remitido y difundido públicamente sus Cuentas Anuales del ejercicio 2010 sin seguir en su preparación o elaboración los principios y criterios contables a los que venía obligado, con un efecto muy relevante en sus recursos propios y en los resultados del ejercicio", que cifra en 168,5 millones. Esto supone una infracción "muy grave"en la Ley del Mercado de Valores y puede acarrear multas de 600.000 euros y la inhabilitación durante un periodo de hasta diez años.
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