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15.04.2013 | 00:46

MERCEDES GALLEGO ALICANTE

 Los acuerdos por los que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) dio luz verde a todos los préstamos que la CAM concedió a altos cargos tanto de la caja como de sus participadas desde el año 2007 hasta la intervención de la entidad en 2011 y cuya aprobación definitiva correspondía al organismo autonómico. Ésta es la documentación que quiere analizar el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez dentro de la pieza en la que investiga si la caja de ahorros dio trato de favor al presidente de su comisión de control, Juan Ramón Avilés, tanto en la concesión de préstamos por más de veinte millones de euros como en el cobro de dietas supuestamente irregulares que multiplicaban por veinte la cantidad que realmente tendría que haber percibido por este concepto.
Atendiendo una petición de Diego de Ramón, el letrado que representa a más de medio millar de damnificados por la compra de preferentes y cuotas paticipativas, el magistrado acaba de reclamar al Instituto Valenciano de Finanzas, supervisor último de las grandes operaciones crediticias de la caja y de las vinculadas a sus altos cargos, todas las actas o acuerdos que llegaron aprobados de los consejos de administración, con la enumeración de todos sus miembros, para que el IVF les diera el plácet. 
De Ramón reclamó esta diligencia después de que 34 personas, entre exconsejeros y exdirectivos de la caja citados como testigos en la investigación sobre Avilés, declararan ante el juez Gómez Bermúdez que daban el visto bueno a los préstamos que se llevaban al consejo sin saber en realidad lo que estaban aprobando porque las operaciones ya venían cribadas por casi una veintena de directivos, además de desconocer incluso el nombre del alto cargo beneficiado porque lo que aparecía era la sociedad para la que se solicitaba la financiación.
Idéntica petición plantea el magistrado a este organismo en cuanto a las participadas Gesfinmed y Tenedora de Inversiones y Participaciones, dos filiales de la entidad a través de las que directivos y consejeros obtenían sabrosas remuneraciones, y sobre el crédito sindicado de mil millones de euros a la inmobiliaria murciana Polaris World que de la nada creó un emporio para acabar hundiéndose y arrastrando a las entidades que la financiaron, CAM y Bancaixa fundamentalmente.
De Ramón fue más allá al plantear una ampliación de la querella tanto a los responsables del IVF en esos años como a los entonces miembros del consejo de administración de la caja por dejación de funciones, petición que rechaza el juez "por no aparecer indicios suficientes en este momento de una intervención dolosa".

Informes técnicos
La orden de la Conselleria de Economía y Hacienda por la que se regulan las autorizaciones de las operaciones de riesgo concertadas por las cajas de ahorros con sus altos cargos establece que la propuesta al IVF para su aprobación deberá acompañarse, entre otros requisitos, de un informe técnico que haya servido de base al consejo de administración para la aprobación de la operación, un documento que de acuerdo con la declaración ante el juez del exresponsable de la dirección de Riesgos de CAM, Francisco Martínez, no se mostraba al consejo, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas presentes en la comparecencia. Con todo, éste no era el único paso que se incumplía. El entonces director el organismo encargado de fiscalizar estas operaciones, Jorge Vela, reconoció en la comisión de investigación de las Cortes que el IVF se limitaba a controlar que se habían realizado los trámite adecuados sin entrar en el riesgo que suponían créditos como los concedidos a Avilés.
En el apartado de negativas, el juez rechaza la petición de De Ramón de que sea citado de nuevo como testigo quien fuera número tres de la CAM, José Pina, para que explicara por qué una entidad con sede en Alicante celebró consejos en lugares tan remotos como China, India, Chicago o Las Vegas con el coste que eso suponía.

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