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Joaquin Almunia, Comisario Europeo de la Competencia. |
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La comisión no suele resolver disputas por el reparto del poder entre socios y las ayudas del Fondo de Garantía.
D.NAVARRO/ EFE ALICANTE/BRUSELAS La reclamación que el sindicato mayoritario de la CAM, Sicam, ha presentado en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra el reparto de poder entre la caja alicantina y sus socios en el SIP no tiene demasiadas posibilidades de prosperar, según fuentes de esta institución consultadas por este diario. El Sicam consideraba ilegítimo que Cajastur hubiera utilizado el volumen de activos de Caja Castilla-La Mancha (CCM) para exigir el mismo porcentaje de acciones que la CAM dentro del SIP, el 40%, ya que la entidad manchega había recibido numerosas ayudas públicas, lo que había alterado el resultado de la negociación. Sin embargo, desde la CNC aclararon ayer que los 1.300 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) que irán a parar a la entidad manchega no tienen "la consideración de ayudas de Estado". A diferencia de lo que ocurre con el dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que sí procede en parte del erario público, el FGD se nutre exclusivamente de las aportaciones que realizan las propias cajas de ahorros. Esto merma las posibilidades de argumentar una mala utilización de fondos públicos para distorsionar la competencia ya que el resto de apoyos fueron en forma de garantía. Pero, además, desde la CNC señalan que no suelen ocuparse de este tipo de disputas sobre el reparto del poder o las atribuciones en las empresas. Su función suele limitarse a comprobar si la nueva entidad o empresa resultante de una fusión acapara una cuota de mercado excesiva que pueda influir en la libertad de mercado. En cualquier caso, desde la Comisión señalaron que, durante el procedimiento que debe seguir el SIP en esta institución, se estudiará la reclamación interpuesta por el Sicam por si, efectivamente, se hubiera infringido alguno de los apartados de la Ley de Defensa de la Competencia. Además de esta reclamación, el Sicam también ha interpuesto dos denuncias ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra el decreto que regula el funcionamiento de los SIP y dos recursos administrativos ante el Banco de España y la Generalitat.
Visto bueno de Bruselas Precisamente ayer la Comisión Europea (CE) autorizó el plan de rescate de la caja manchega que incluye, entre otras, las citadas ayudas. "La CE está satisfecha de que Caja Castilla-La Mancha haya sido reestructurada de una forma que limita las distorsiones de la competencia y asegura la viabilidad de las actividades de banca", señaló el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, en un comunicado. CCM recibió una garantía estatal de 3.000 millones de euros en marzo de 2009, seguida de una inyección de capital de 1.300 millones a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas, además de una contribución de liquidez de 350 millones y una garantía de unos 2.500 millones para activos dañados, según la CE. La Comisión destaca que "la cantidad significativa de ayuda" recibida respecto a su tamaño (en junio de 2009, CCM tenía un balance de 27.000 millones), "requería una reestructuración en profundidad para restaurar su viabilidad". A su juicio, la reestructuración diseñada para CCM, seguida de la venta su negocio bancario a Banco Liberta (subsidiaria del grupo Cajastur), aseguran esta viabilidad sin necesidad de continuar recurriendo a las ayudas estatales que distorsionan la competencia. CCM ofrecía servicios de banca minorista en la región de Castilla-La Mancha y "tenía una presencia limitada en el mercado español, de en torno al 1 por ciento a mediados de 2009", según la CE. Su intervención en marzo de 2009, en medio de la crisis financiera y cuando la economía española estaba a punto de empezar su contracción, fue la mayor realizada desde la de Banesto en 1993 y fue interpretada como una advertencia del supervisor para que las cajas en apuros solventaran sus problemas para no acabar igual. A diferencia de otras uniones entre cajas, la de CCM con Cajastur no requerirá recursos del FROB, sino que bastará con 1.300 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas, que se nutre de aportaciones de estas entidades.
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