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d. navarro

La auditora de Caja Mediterráneo (CAM), la multinacional KPMG, no consideró necesario incluir en los Informes de Gobierno Corporativo de la entidad las polémicas pensiones vitalicias que ésta había contratado para sus principales directivos y que les garantizaban unos ingresos de entre 129.000 y 369.000 euros al año tras su jubilación. Aunque el objetivo de estos informes, que anualmente deben remitirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades -y en especial en la actuación de sus responsables-, KPMG justificó su recomendación de no desglosar las citadas pensiones en que el cobro no se iba a producir -y, por tanto, el dinero no se iba a ingresar efectivamente- hasta el momento en que los beneficiarios alcanzaran la edad legal para retirarse, según un documento fechado en noviembre de 2009 al que ha tenido acceso este diario.
El citado documento será uno de los principales argumentos que utilizarán en su defensa los ocho exdirectivos y exconsejeros de la CAM contra los que la CNMV acaba de abrir un expediente sancionador precisamente por considerar que los Informes de Gobierno Corporativo de la entidad entre los años 2008 y 2010 omitieron datos significativos y contenían otros que eran "falsos o engañosos". Además de las rentas vitalicias, el supervisor también quiere investigar si las mejores condiciones que recibieron los seis ejecutivos de la entidad que se prejubilaron en 2011 cobrando 15,5 millones de euros en total pueden considerarse como un "blindaje", con lo que también se tendrían que haber detallado en estos documentos.
Entre los expedientados están los exdirectores generales de la CAM, Roberto López y María Dolores Amorós -a la que en julio la CNMV ya abrió otro proceso por su gestión al frente de la caja-; el expresidente Modesto Crespo; y los exconsejeros que formaron parte de la comisión de retribuciones de la entidad: Antonio Gil-Terrón, José Forner, Martín Sevilla, Luis Esteban y José Enrique Garrigós.
Los consultados dentro de este último grupo insisten en que la redacción del Informe de Gobierno Corporativo corría a cargo de los técnicos y directivos de la caja, asesorados por la citada auditora, por lo que entienden que no se les puede responsabilizar de su contenido. En este sentido, el documento elaborado por KPMG en 2009, que en realidad recuerda uno anterior redactado por la misma firma en junio de 2007, cuando se contrató la póliza que garantizaba las pensiones millonarias de los directivos de la CAM, señala que "desde nuestro punto de vista no había que desglosar el compromiso (de las rentas vitalicias) hasta que se efectuasen los pagos, debido a que interpretamos que no sería remuneración de la alta dirección hasta ese momento".

Normativa vigente
Desde KPMG no quisieron ayer entrar en detalles del caso ya que, según apuntaron, no pueden realizar comentarios sobre sus clientes. No obstante, afirmaron que siempre han realizado su trabajo "con un absoluto compromiso con la independencia y la objetividad y de acuerdo con la normativa vigente en cada momento

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