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MERCEDES GALLEGO alicante

Forma parte de los deberes que atañen a los administradores actuales de la CAM avanzar en exigir responsabilidades, también las penales, a quienes han contribuido, movidos por la avaricia, a generar el derrumbe de las cajas de ahorro españolas y a la extraordinaria crisis financiera del momento". Con la filosofía que encierra esta declaración de principios, extractada de la respuesta dada por el abogado designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para representar a la CAM al recurso con el que el presidente de la Comisión de Control de la caja, Juan Ramón Avilés, pretende que se archive la investigación se está siguiendo contra él por los delitos de apropiación indebida y administración desleal, el penalista Carlos Gómez-Jara impregna los argumentos con los que pretende desvirtuar las alegaciones del imputado para que continúe la instrucción que desde la Audiencia Nacional está dirigiendo el magistrado Javier Gómez Bermúdez.
Con una lección de Derecho Penal rebate el letrado de la CAM el planteamiento esgrimido por Avilés sobre la falta de legitimidad de la caja para emprender acciones contra él dado que la entidad transfirió al Banco CAM S.A.U. todo su negocio, donde están los 17 millones que el imputado consiguió para sus empresas en condiciones, según la acusación, más que ventajosas. "La querella tiene que ver con los deberes de lealtad del querellado con la CAM, no con el Banco CAM S.A.U.", afirma Gómez-Jara para precisar más adelante que "este no es un procedimiento donde se sustancien intereses privados (...) de lo que trata la querella es de si el administrador de una entidad financiera la administró deslealmente. La respuesta a esta cuestión no tiene nada que ver con quién ostente con posterioridad al delito determinados derechos patrimoniales. (...) El estatus de víctima de un delito no se traspasa o transmite mediante un documento notarial", asevera el letrado.

"Ni testaferro ni hombre de paja"
Tampoco quiere dejar en pie Gómez-Jara el argumento de que Avilés nunca pudo cometer un delito de administración desleal por cuanto no era un administrador de derecho al no tener la Comisión de Control facultades de administración y ser un órgano colegiado en el que Avilés, según él, carecía de facultades o funciones. El abogado echa mano de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro donde la Comisión de Control aparece como uno de los órganos de gobierno que "ejercerá sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja (...) y del cumplimiento de su función social". El acusador particular cita además una sentencia en la que se define la Comisión de Control como "un órgano de gobierno con plena autonomía con respecto al Consejo de Administración" y asevera, en cuanto a Avilés, que "no cabe duda de que nos encontramos ante un administrador de derecho que materialmente ejerció sus funciones como presidente de la Comisión de Control y que no se trataba de un mero testaferro u hombre de paja".
Poco importancia le atribuye el letrado a las adhesiones recibidas por Avilés (la del exdirector general Roberto López y la de exconsejero Martín Sevilla) así como las de otros empleados de la entidad a los que se les intervinieron correos quejándose de las presiones del imputado y que después las han negado "pues si hubo presiones y ellos cedieron frente a ellas es obvio que su conducta es al menos incorrecta y desleal hacia la CAM".
Frente a lo esgrimido por Avilés en su recurso, al que ahora tiene responder el juez, el acusador precisa que "al querellado no se le hace responsable en exclusiva de la situación que motivó la intervención de la CAM sino que es responsable junto a otros de dicha situación (...) no solo es autor del delito el que causa la insolvencia de la empresa que administra sino el que agrava su situación mediante conductas delictivas".

"Préstamos con condiciones abusivas para la caja de ahorros"
Llama la atención el abogado de la CAM sobre el hecho de que el presidente de la Comisión de Control se haya extendido en su recurso en argumentos como la supuesta animadversión del FROB hacia él "con un lenguaje carente de toda mesura" y apenas incida sobre los hechos que se le imputan. "La fuerza expresiva -recoge el escrito- de los mismos hechos económicos en torno a los cuales se gestaron los préstamos en cuya concesión intervino el querellado infringiendo sus deberes de lealtad con su principal imponiendo condiciones, más que de favor, abusivas para la CAM. (...) y los indicios que derivan con inusitada claridad de toda una pléyade de comunicaciones internas de diversos gestores de la CAM en aquel momento cuyo leitmotiv común es tener como objeto las presiones del querellado para imponer esas condiciones económicas abusivas. Pues bien, ni una sola reflexión le merecen al recurrente esas numerosas comunicaciones en las que otros gestores de la CAM se refieren a presiones del querellado", precisa el letrado quien también incide en que Avilés "tratara de borrar el rastro de su administración desleal, de los créditos abusivos, mediante una transmisión ficticia del principal riesgo, residenciado en la Vereda de Sucina, a su hermana haciendo caer todo el riesgo en la CAM", a quien, según la acusación, pretendía endosarle el negocio fallido. M. G. alicante

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