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AGENCIAS El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez tomará declaración hoy como testigos a los peritos de la auditora PWC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores, entre ellos la exdirectora general María Dolores Amorós.

«CAM: Leer, actuar y destruir». Ese era el encabezamiento de los correos electrónicos en los que se advertia del informe de la auditoría. Los correos llevaban como asunto el término ´confidencial´.

Además el magistrado, que instruye una causa en la que están imputado cinco directivos de la entidad, interrogará el jueves por la tarde al exdirector general Roberto López Abad, antecesor de Amorós.

Estas dos declaraciones son las únicas que aún tiene pendientes el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que ya ha interrogado, además de a Amorós, al exdirector general de recursos de la entidad crediticia, Vicente Soriano Terol, el exdirector de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb.

El magistrado les imputa la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida.

El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha retomado con estas declaraciones las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.

Intervenida en julio de 2011
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

La última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, defendió el pasado día 13 la labor desarrollada en la caja y, al igual que los otros exdirectivos imputados, negó haber adoptado medida alguna que comprometiese la solvencia de la entidad o haber diseñado para los inversores productos de riesgo .

Amorós, que declaró durante tres horas ante el Gómez Bermúdez, incidió en que durante los cuatro primeros meses de los ocho que ejerció como directora general, sus facultades estuvieron delegadas al SIP, la alianza con la que la CAM tenía previsto unirse a Cajastur y otras dos cajas.

Las tesis que defendió María Dolores Amorós, en la misma línea a las que ya expuso en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, se centraron también en recalcar que no tuvo competencias sobre las auditorías, la contabilidad o la información financiera de la entidad, así como en la supervisión que ejerció el Banco de España durante la etapa final de su mandato.

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