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EP / MADRID El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha citado a declarar en calidad de imputados a cinco antiguos directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, según el auto dictado el pasado 28 de junio al que tuvo acceso Europa Press.

Los primeros en declarar el próximo 10 de julio serán el exdirector general de recursos de la CAM Vicente Soriano Terol y el exdirector de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb. Al día siguiente, 11 de julio, declarará el expresidente del consejo de administración de la entidad financiera Modesto Crespo.

El día 12 está citado a declarar el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y al día siguiente, 13 de julio, comparecerá la última directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós.

Todos ellos serán los segundos directivos de cajas de ahorros intervenidas por el Banco de España que comparecen ante la Audiencia Nacional, tras los antiguos gestores de Caja Castilla La Mancha, que declararon en febrero de 2011.

El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, retoma así las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.

Además, Gómez Bermúdez ha citado a declarar, el próximo 16 de julio, a los peritos de la auditora PwC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, cuyos administradores elaboraron los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

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