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M. A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 22/06/2012

El Banco de España ha contratado a una consultora internacional para que investigue a varios exconsejeros y directivos de Caja Mediterráneo (CAM), así como a sus familiares directos, según explicaron el miércoles ante el juez dos de los máximos responsables del servicio de Inspección del regulador, Pedro González y Ángel Rico.

Aunque esta investigación se ha hecho extensiva a los 49 ex altos cargos de la CAM expedientados, sus conclusiones no han sido incorporadas al expediente disciplinario instruido por el Banco de España. Por tanto, los afectados desconocen los extremos del escrutinio al que han sido sometidos, y no han tenido la posibilidad de rebatir sus conclusiones.

Así se desprende de la declaración que Pedro González y Ángel Rico prestaron el miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, como imputados por un presunto delito de falsedad documental a raíz de la querella que ha interpuesto contra ellos el presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés.

Ante el juez, Pedro González confirmó que tras la interposición de la querella el Banco de España inició una investigación sobre Avilés «y sus familiares más directos». Ante el riesgo de que esta medida fuera interpretada como una represalia contra el querellante, González añadió que la investigación no ha afectado sólo a Avilés sino a «todos los órganos de la CAM, como es habitual en estos casos». Por su parte, Ángel Rico especificó que el Banco de España «ha encargado a una consultora de nivel internacional un informe sobre todos los expedientados».

Volcado del disco duro

Según las fuentes consultadas por ABC, técnicos de la consultora británica PricewaterhouseCoopers han inspeccionado durante varios días los ordenadores de numerosos altos cargos y empleados de Caja Mediterráneo, incluyendo a jefes de servicio y directores territoriales. Estos técnicos realizaron un volcado completo del disco duro de los ordenadores investigados, con el fin de poder analizar posteriormente su contenido.

Por tanto, esta indagación ha sido más amplia que la desarrollada, también por encargo del Banco de España, por la consultora Deloitte, que rastreó el correo electrónico corporativo de varios ex altos cargos de la caja, como el ex director general Roberto López Abad, para detectar posibles irregularidades en la gestión de la empresa participada Valfensal.

De hecho, durante su declaración como imputados ante el juez, Pedro González y Ángel Rico hicieron uso de una amplia información sobre los movimientos de cuentas de las empresas vinculadas a la familia de Juan Ramón Avilés, así como sobre los créditos que dichas sociedades han recibido de otras entidades financieras. Datos, todos ellos, que son ajenos al propio expediente disciplinario instruido por el Banco de España. Ante el juez, ambos inspectores reconocieron que las dietas cobradas por los miembros de la comisión de control de CAM habían sido aprobadas por los órganos competentes.

No obstante, Pedro González sostuvo que Juan Ramón Avilés incurrió en un «fraude de ley» porque «no figura en ningún acta» el cobro de comisiones por parte de los miembros de la comisión de control de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). Como acredita el acta que ABC reproduce en esta página, la junta general universal de TIP aprobó el 23 de diciembre de 2005 la cuantía inicial de estas dietas.

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