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La exdirectora general de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, ha defendido que nunca se benefició de una mejora de sus condiciones laborales, y ha asegurado que cuando llegó a la dirección de la CAM asumió "una renuncia y una rebaja" de las mismas.

Amorós, que ha comparecido en la comisión de investigación de Les Corts sobre la intervención de la CAM, ha explicado que no tuvo competencias sobre las auditorías, la contabilidad o la información financiera de la entidad hasta que en 2010 fue nombrada directora general, a pesar de que formaba parte del consejo de dirección desde 1998. "En modo alguno cerré con el presidente acuerdo alguno en beneficio propio", ha afirmado al ser preguntada por su retribución, que, ha asegurado, "quedó acordada por el Consejo de Administración" en noviembre de 2010 y era la misma que cobraba el anterior director general, y que estaba congelada desde 2008.

Tras recordar que ha recurrido la sentencia que desestimó su demanda por despido improcedente con una indemnización de diez millones de euros, ha explicado que su pensión, que le permitía acceder a una jubilación cuya renta era de 369.000 euros, supuso "una rebaja" de unos derechos que tenía reconocidos desde 2007. Ha defendido que se esforzó con toda su "capacidad para llevar a buen puerto la estrategia de capitalización de la caja", tras la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP), y ha indicado que el escrito del Banco de España informando de la intervención llegó de forma "sorpresiva". Amorós ha asegurado que el SIP no se rompió por las "dudas" sobre los datos de la CAM, y ha destacado que el comité de dirección no percibió incentivos en 2010 "por acuerdo unánime de todos sus miembros", a pesar de que "en virtud de los datos del cierre" del ejercicio era posible.

Se fue "sin ningún papel"

La exdirectora ha sostenido que nada en la sentencia sobre su despido es "correcto"; ha rechazado valorar las responsabilidades políticas que pueda haber en la intervención de la CAM por el Banco de España, porque no es su "papel", y ha mostrado su deseo de que esta comisión pueda aclarar por qué está intervenida la Caja.

Según ha dicho, se marchó a la CAM "sin ningún papel, ni actas ni nada" y nunca ha tenido "nada que ver" con la contabilidad de la Caja o con la contabilidad de las titulizaciones, de la misma forma que cuando ha hecho propuestas al consejo de administración ha sido "como ponente" de cuestiones elaboradas por técnicos.

Ha admitido que participó en la elaboración del Plan de viabilidad de la CAM, que a su juicio era "estándar y al uso, como todos los del sector" en 2010 y 2011 para cumplir los requerimientos de capital, y aunque el Banco de España resaltó que había cuestiones "de difícil consecución", muchos planes se basan "en hipótesis y en estimaciones".

Sobre las cuotas participativas, ha manifestado que la estrategia de colocación seguida fue la estrategia "al uso" que utilizaba cualquier entidad financiera, y que el consejo de administración acordó convocar una asamblea para su amortización, cuyo precio y circunstancias estaban "habladas de manera no formal" con el Banco de España y la CNMV. Según Amorós, esa amortización no iba "para nada con cargo a la obra social", sino a la prima de emisión de las acciones del capital del Banco.

El socialista Ángel Luna ha denunciado que en la CAM hubo "una gravísima negligencia en la gestión", de la que Amorós es "corresponsable", porque el Banco de España advertía desde hacía tiempo del desequilibrio de la Caja, ante lo que solo se preocuparon de resolver sus "situaciones personales".

Compromís y Esquerra Unida han acusado también a Amorós de no colaborar en esta comisión, ante lo que la exdirectora ha dicho que no ha intentado eludir responsabilidades, pero solo puede exponer lo que conoce o aquello de lo que puede hablar.

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