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M. A. RUIZ COLL / ALICANTE

Día 27/05/2012

Son los «daños colaterales» de la quiebra y posterior intervención de Caja Mediterráneo (CAM). Dos multinacionales, la aseguradora holandesa Aegon y el grupo norteamericano General Electric (GE), reclaman cerca de 1.100 millones de euros para ejecutar la cláusula de rescisión de los contratos que mantenían con la antigua caja de ahorros.

CAM constituyó en 2004 una alianza estratégica con Aegon para desarrollar el negocio de los seguros y, en 2005, con GE para ofrecer financiación a los clientes de la eléctrica. En ambos contratos se introdujo una cláusula según la cual si en algún momento se producían cambios en la titularidad de CAM la relación quedaría disuelta y la caja se vería obligada a abonar indemnizaciones millonarias a sus socios.

Un supuesto que ya se planteó cuando Caja Mediterráneo pactó constituirse como Banco junto a Cajastur y otras dos cajas de ahorros, y que finalmente se ha concretado con el desembarco del FROB como accionista único del Banco Base.

Según un informe elaborado por el Banco de España el pasado mes de julio —escasas horas antes de que acordara intervenir la caja— el cambio de titularidad de CAM obligará a la entidad financiera alicantina a pagar a Aegon una cifra que ronda los 736 millones de euros, mientras que la ruptura con General Electric supondrá otros 384 millones.

Corte de Arbitraje

Las fuentes consultadas por ABC indicaron que ambas multinacionales ya han planteado su demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que todavía no ha emitido su dictamen.

La alianza con la aseguradora se llevó a cabo mediante la creación de un holding —en forma de sociedad tenedora de cartera— al que CAM aportó la totalidad de las acciones de su filial Mediterráneo Visa, mientras que Aegón realizó dos aportaciones: una dineraria de 150 millones de euros y otra en especie, en forma de valores de renta fija por un importe de 250 millones de euros.

En aplicación de la cláusula de rescisión de contrato, CAM debe devolver a Aegon los valores de renta fija aportados —o activos por un valor equivalente— y recomprarle sus acciones en el holding, cuyo precio deberá ser estimado por un experto independiente. Un informe elaborado por Tower Watson en diciembre de 2010 estimó en 736 millones el coste que tendría para CAM la ruptura del contrato: 383 millones por la compra de las acciones del holding y 353 por los bonos que Aegon aportó a la alianza. En el consejo de administración de CAM celebrado el pasado 30 de junio —tres semanas antes de la intervención—, la directora general, María Dolores Amorós, informó a los consejeros de que Aegon había presentado ante la Corte Internacional de Arbitraje una demanda para ejecutar la cláusula de escisión de su contrato con la caja, que se encontraba inmersa en el proceso para transformarse en Banco CAM. La entidad financiera alicantina encargó al despacho de abogados Uría y Menéndez su representación en el litigio, mientras que Aegon contrató los servicios de Garrigues.

Amorós ocultó datos

Tras conocer estos datos, uno de los consejeros preguntó a Dolores Amorós cuánto reclamaba Aegon como indemnización en el conflicto. Significativamente, la directora general afirmó que «lo que se discute en el arbitraje es la ruptura del acuerdo exclusivamente» y, por tanto, dio a entender a los consejeros que la operación no iba a tener ningún coste para la caja. Un coste que el Banco de España cifra en más de 700 millones de euros.

Pero Aegon sólo es la mitad del problema. Según las fuentes consultadas, también General Electric ha presentado ante el Tribunal de Arbitraje una demanda para ejecutar la cláusula de rescisión del contrato que firmó con CAM en 2005.

En este caso, la ruptura del contrato provocada por la quiebra y cambio de titularidad de la caja tendría un coste de 384 millones de euros para CAM, según las estimaciones del Banco de España. Caja Mediterráneo deberá recomprar las acciones de la sociedad conjunta Camge que posee General Electric, por un importe estimado de 295 millones de euros, además de comprarle participaciones preferentes por un valor de 89 millones, según el informe elaborado por el regulador.

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