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Los ejecutivos que hundieron las cajas se fijaron indemnizaciones multimillonarias; Ni los gobiernos regionales ni el Banco de España pudieron frenarles (Por B. Montaño)
Cualquier ciudadano gallego de bien puede cruzarse estos días por la calle con uno de los cinco magníficos que se llevaron 40 millones de euros en indemnizaciones y pensiones. Éste fue el paradójico premio que recibieron por haber hundido las cajas que dieron lugar a Novacaixagalicia. A la entidad surgida de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, finalmente, la tuvo que rescatar el Estado con una inyección de 3.627 millones de euros de dinero público.
El dinero de los impuestos de todos los españoles está pagando el retiro dorado de cincos directivos que no han tenido que dar la más mínima explicación por lo que hicieron ni asumir responsabilidad alguna. Para escarnio de sus conciudadanos gallegos, el ex director general de Caixa Galicia José Luis Pego ocupa el primer puesto en el triste ranking de los directivos mejor indemnizados tras arrastrar a la quiebra a sus entidades. Se llevó la friolera de 18,6 millones de euros en concepto de indemnización por despido y pensión. No le fue a la zaga el otro director general, José Luis Méndez, quien no sólo enchufó a sus hijos Yago y José Luis en la caja que hundió, sino que, además, se fue de ella con 16,5 millones de euros. Sus hijos también dejaron la entidad.
Los otros tres magníficos, Óscar Rodríguez, Gregorio Gorriarán y Javier García de Paredes, se embolsaron 14,1, 8,8 y 5,3 millones de euros por su salida. El caso de Novacaixagalicia es el más sangrante de todos, pero hay otros muchos que ponen de manifiesto la impunidad con la que un buen número de consejeros y directivos de las cajas se fijaron multimillonarias indemnizaciones pese a la mala situación financiera de las entidades que gestionaban. En total, unos 25 ex directivos y ex consejeros de cajas de ahorros se embolsaron entre 2010 y 2011 alrededor de 130 millones de euros tras abandonar sus cargos.
A los 40 millones en Novacaixagalicia hay que unir los más de 17 millones que se llevaron cinco directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Dejaron una entidad que tuvo que ser intervenida por el Banco de España, que destapó pérdidas ocultadas por estos mismos directivos por valor de 1.136 millones de euros. El Estado debió inyectar 2.800 millones para recapitalizarla, además de concederle un préstamo urgente de 3.000 millones para que la entidad alicantina pudiera afrontar sus problemas de liquidez. El estado de quiebra absoluta de la caja y su manifiesta mala gestión no impidieron que el ex director general Roberto López Abad se llevara 5,8 millones de euros en su salida.
Sus cuatro cargos de confianza, Joaquín Meseguer, Vicente Soriano, Agustín Llorca y Gabriel Sagristá, se llevaron en torno a dos millones de euros cada uno. Pero, además, los cinco en su conjunto se embolsaron otros 695.000 euros en salarios y 3,3 millones de euros en planes de pensiones.
Pero por encima de ellos tenían a dos ejecutivos de mayor rango, el presidente, Modesto Crespo, y la directora general, María Dolores Amorós.
De estos dos últimos no se conoce al detalle todo lo que se habrán embolsado con su salida de la caja que con su mala gestión llevaron a la quiebra. Al llegar, Amorós pactó con Crespo, a espaldas del consejo de administración, un sueldo anual de 593.040 euros y una cláusula que le daba derecho a percibir, si era destituida de su cargo, una paga vitalicia hasta su fallecimiento de 369.497 euros brutos al año.
Los consejeros pidieron en reiteradas ocasiones información sobre estos contratos, pero los dos se negaron a enseñarlos. Navegaban juntos en la misma opacidad e impunidad que luego han mantenido, negándose a facilitar todo lo percibido en detalle a los administradores tras la intervención. Bajo su mandato, el trato de favor a los directivos amigos era tal que uno de ellos percibió un crédito de la CAM de 300.000 euros al 1% de interés. Amorós fue despedida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y acudió al Inem para solicitar su prestación por desempleo.
También ha habido sonados abusos en otra caja también intervenida por el Banco de España, la cordobesa Cajasur. El presidente de la caja de la Iglesia, Miguel Castillejo, dejó su cargo con una indemnización de 4,3 millones de euros. El sacerdote, que durante más de tres décadas presidió la entidad, se fijó una pensión vitalicia de 250.000 euros al año con una claúsula por la que si él fallece, sus cuatro hermanas serán las beneficiarias de la paga.
Hay muchos más casos, hasta unos 25, y en ninguno de ellos los directivos han asumido responsabilidad alguna, ante la pasividad de los gobiernos autonómicos, siempre representados en los consejos de las cajas y en las comisiones de retribuciones, y del Banco de España. Ni los consejos ni las CCAA ni el supervisor han sido capaces de frenar la sangría de salida de dinero de las cajas en los bolsillos de los gestores que las hundieron. El Banco de España pudo haber pedido en su momento a las entidades que no abonaran lo pactado con sus ex directivos, pero no lo hizo.
El desaguisado de las cajas de ahorros en España ha tenido, hasta ahora, un coste para el erario público de 25.000 millones de euros, que se han inyectado directamente en el sistema para evitar su hundimiento. Si se tienen en cuenta los avales comprometidos por el Estado, la cifra se dispara a 85.000 millones. |
