La ex directora general del Tesoro y Política Financiera del anterior Ministerio de Economía y Hacienda, Soledad Núñez Ramos, ha comunicado a las Corts Valencianes que en su caso no existe deber legal de comparecer ante la cámara autonómica en la Comisión no permanente especial de investigación sobre el proceso que ha llevado a cabo la intervención de Caja Mediterráneo (CAM) por parte del Banco de España
La ex directora general del Tesoro y Política Financiera del anterior Ministerio de Economía y Hacienda, Soledad Núñez Ramos, ha comunicado a las Corts Valencianes que en su caso no existe deber legal de comparecer ante la cámara autonómica en la Comisión no permanente especial de investigación sobre el proceso que ha llevado a cabo la intervención de Caja Mediterráneo (CAM) por parte del Banco de España.
Núñez explica en el escrito, con registro de entrada en las Corts de este jueves, que en su caso ha desempeñado el puesto de directora general del Tesoro y Política Financiera del extinto Ministerio de Economía y Hacienda y ejercía igualmente como miembro nato del Consejo de Gobierno del Banco de España, una posición que se encuadra "en el ámbito de la Administración General del estado y, por ello, sujeto al control de las Cortes Generales" y "fuera del ámbito de control político de las Cortes Valencianas".
La ex director general señala que su comparecencia en la Comisión de investigación de la CAM se ha acordado en virtud de lo establecido en el artículo 22.e del Estatuto de Autonomía y de la resolución de la Presidencia de las Cortes Valencianas 4/IV de 1996.
Sin embargo, cita al dictamen de Consejo de Estado 34/2003 de 2003 relativo a la Comisión de Investigación del Parlamento de Galicia sobre el caso del ´Prestige´, que estableció que las funciones de control político de las asambleas autonómicas han de ser entendidas referidas a su propio ámbito territorial y competencial, y que no pueden ser sometidas a fiscalización instituciones distintas de los propios órganos de gobierno y administración creados para el ejercicio de la autonomía constitucional y estatutariamente asumida. En el caso del Estado, la fiscalización y control político de su actuación aparece reservado a las Cortes Generales.
Ante esta resolución, Núñez señala que el Estatuto de Autonomía liga expresamente la facultad de las Cortes Valencianes de crear comisiones de investigación a su función de control sobre la acción de la administración situada bajo la autoridad de la Generalitat, por lo que en su caso, su actuación está sujeta al control de las Cortes Generales.
Octava renuncia
Con esta renuncia, Núñez se suma a los otros siete directivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se han negado a comparecer en la Comisión de la CAM en las Corts. Se trata del Gobernador del Banco de España, Migue Ángel Fernández Ordóñez; elexsubgobernador, José Viñals; el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez; los responsables de Inspección, Pedro González y Ángel Rico; y el director general y el exdirector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera y Julián Atienza, respectivamente.
Ante estas negativas, los servicios jurídicos de las Corts Valencianes emitieron un informe en el que consideraban que quienes no atiendan a los requerimientos de las comisiones de investigación se enfrentan a la sanción prevista en el artículo 502 del Código Penal por un delito de desobediencia.
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