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JULIO PÉREZ/J. C.
VALENCIA El Banco de España ha aprobado esta semana los planes de saneamiento de las cada vez menos entidades financieras que van quedando en el país. Todas han recibido el aprobado, aunque en algunos casos, no precisados por el supervisor, la nota ha sido tan justa que se les va a requerir medidas adicionales y van a ser objeto de ulterior vigilancia en su cumplimiento. Es un dato positivo, pero no tiene por qué adelantar la fotografía del sector para dentro de unos meses en un contexto de extrema dificultad, con la desconfianza sobre España instalada de nuevo en los mercados y una recaída en la recesión que las medidas de austeridad van a hacer aún más aguda, con su corolario de más paro y, en el caso bancario, más morosidad, que esta semana ha escalado ya al 8,15 %. El supervisor ya ha adelantado que algunas entidades incurrirán en pérdidas, lo que puede dar lugar a más movimientos de concentración de los que ahora están fraguándose.

Por su parte, el Gobierno pisa el acelerador de su nuevo giro a la reestructuración del sistema, a la espera de resolver el delicado asunto del coste para subastas pendientes y posibles operaciones nuevas. En estos tres años de ajuste, el proceso lleva movilizados casi 33.000 millones de euros, al margen de los 53.000 derivados del saneamiento del ladrillo.

El sector tiene asumido que el pago de las pujas que se avecinan volverá a correr de su bolsillo. Es decir, del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y del más que seguro adelanto de las cuotas —las correspondientes a los próximos ocho o diez años— que las entidades entregan para cubrir los depósitos de la clientela. Porque la hucha en estos momentos está prácticamente a cero. Apenas unos 2.000 millones, de los que todavía hay que sacar unos 1.800 para completar el saneamiento de la CAM por el impacto del decreto de limpieza del ladrillo. La Asociación Española Bancaria (AEB), que negocia que su aportación sea en forma de crédito, con lo que recogería algún rendimiento, parece dispuesta a «sacrificarse» a cambio de que el Ejecutivo cierre el reordenamiento cuanto antes, con el dedo apuntando hacia a las «entidades débiles», a las que la patronal de los bancos tradicionales —las antiguas cajas siguen bajo el paraguas de la Ceca— culpabilizan de las dudas de los mercados sobre la estabilidad del sistema financiero.

Precisamente, la intervención y venta de la CAM es hasta ahora lo más caro. Al margen de las provisiones y capital derivados de la normativa impulsada por Economía para completar la reestructuración, el rescate arrastra 5.249 millones de liquidez y lavado interno, además de un Esquema de Protección de Activos (EPA) para posibles pérdidas los diez próximos años sobre el 80% de una cartera de activos dudosos que se estima en unos 24.000 millones de euros. El montante supera a los casi 4.200 millones que costó la quiebra de Caja Castilla-La Mancha (CCM) e incluso a los 4.751 millones que el FROB desembolsó para la nacionalización de Novagalicia (2.465 millones por el 93% del capital), CatalunyaCaixa (1.718 millones equivalentes al 89%) y Unnim (al 100%, por 568 millones).

Tanto estas tres importantes cantidades, como los 9.674 millones de euros en préstamos a las fusiones al comienzo del redimensionamiento —de los que Bankia, participada por Bancaja, recibió 4.465 millones de euros— tienen que volver a manos del FROB. Y, además, con un interés de más del 8 % para cumplir con la rentabilidad que exige Bruselas en las ayudas a la banca. La reciente adjudicación de Unnim a BBVA contempla, de hecho, que el FGD reintegre al Estado las inyecciones aplicadas a la fusión de las cajas de Manlleu, Sabadell y Terrassa. El tipo de EPA se repite en este caso, sobre un 80 % de la cartera de mora a diez años, mientras que con Cajasur —que recibió 800 millones en capital y 1.500 de una línea de liquidez— se redujo a cinco ejercicios.

Los planes para CatalunyaCaixa y Banco de Valencia, con su puja a la vuelta de la esquina —el FROB fue muy claro en su intención de dar la «máxima celeridad» a ambas ventas y finiquitarlas antes de verano en lo que parecía un mensaje directo del Gobierno ante la tempestad del mercado—, son una incógnita, pero se da por hecho que habrá facilidades para los compradores. De ahí el refuerzo que se busca para el FGD, entre 12.000 y 20.000 millones de euros. En el caso del Banco de Valencia, además de los mil millones en capital que inyectará el FROB en la próxima ampliación de capital, el EPA previsto rondará los 4.800 millones —el 80 % de los 6.000 millones en activos dañados detectados por el informe de Nomura—, aunque algunas fuentes empiezan a elevar esa cifra en al menos otros mil millones. Todos ellos a cargo del FGD. Y rezando para que no tenga que haber ayudas para Bankia, que de momento ha conseguido que el Banco de España la autorice a seguir en solitario después de que se malograra el intento de fusión con CaixaBank. Y es que el Gobierno, como dijo el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, insiste en la necesidad del «mínimo coste al contribuyente» con la reforma. Palabras muy medidas porque efectivamente podría haberlo.

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