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El portavoz del PP, el diputado Ricardo Costa, acababa de arremeter contra la oposición y de recriminar que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificara la situación de la Caja del Mediterráneo (CAM) como "lo peor de lo peor", cuando Enrique Verdeguer replicó a los portavoces de la oposición: "Mi intervención no es defensiva sino meramente explicativa y no pretende ser ofensiva con el Banco de España". El consejero de Economía, que ignoró a Costa, a quien no aludió ni se dirigió en ningún momento, trató de justificar ayer, en una comparecencia a petición propia ante una comisión de las Cortes Valencianas, la actuación de la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en la crisis de la CAM.

Verdeguer, en tono muy técnico, describió las competencias del IVF y el proceso frustrado de fusión de la CAM con Cajastur y otras entidades, y acabó asumiendo que la Generalitat renunció a ejercer funciones de inspección sobre la caja alicantina.

Según el consejero, que repitió varias veces que mantiene amistosas y asiduas relaciones con los administradores del Banco de España y mostró su confianza en que de la adjudicación de la CAM a una "entidad solvente", tras su intervención, haga "que vuelva a fluir el crédito", señaló que el IVF comparte competencias con el Banco de España que han convertido el hecho en un "asunto controvertido". En su opinión, el conflicto reduce el papel del organismo financiero de la Generalitat a una "supervisión prudencial", mientras que las tareas de control de la solvencia, disciplina y sanción son del Banco de España.

El diputado socialista Francisco Toledo acusó al Consell de haber hecho dejación de funciones. "El IVF tiene un servicio de inspección", recordó. El titular de Economía quiso destacar "el trabajo de los 56 empleados del IVF con su director a la cabeza", pero asumió que el organismo se remitía a las inspecciones del Banco de España.Tras calificar de "absolutamente falso" que el "agujero financiero" que ha llevado la CAM a su intervención se deba a los proyectos de la Generalitat en los que ha participado o a los préstamos concedidos al Consell, Verdeguer apuntó que no se trata de echar la culpa a nadie de lo ocurrido en las cajas de ahorros. "La culpa es de un modelo de negocio que ha fallado", añadió el consejero, que recordó que también en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Galicia o en Cataluña ha habido entidades en dificultades por la "sobreexposición a cierto tipo de activos", en alusión a los créditos inmobiliarios.

El consejero dijo que, en materia de "grandes proyectos", la CAM sólo ha participado en el accionariado de Terra Mítica y explicó que la Generalitat tiene dos operaciones de pagarés con la caja, una de ellas, de 200 millones de euros, renovada recientemente por los propios administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Para la oposición, sin embargo, la vinculación de la CAM al Consell no puede despacharse con esas cifras. Por una parte, como señaló el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco, "existe una tutela real, una tutela política" que ha llevado a la CAM a fomentar operaciones en el ámbito inmobiliario. Por otra, la diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà recordó que el PP ha colocado a la mayoría de los consejeros de sus órganos de gobierno. En ese mismo sentido, el diputado del Grupo Socialista Francisco Toledo insistió en que el PP, desde su "ocupación" de los órganos de gobierno, ha hecho lo que ha querido en las cajas de ahorros.

Hacía referencia a la reforma que en 1997 ejecutó Eduardo Zaplana de la ley de cajas, por la que se otorgó una representación directa de la Generalitat que aumentaba el control político por encima del 50%, y a su aplicación en las Cortes Valencianas de manera que el PP ha elegido por mayoría simple a los representantes, dejando al margen a la oposición.

Verdeguer se guardó para su última intervención el anuncio de que el Consell propondrá que "se mejore la representación de los grupos políticos en los órganos de gobierno" de las entidades de ahorro, mediante una nueva reforma de la ley de cajas (que ya han visto reducido al 40% el control político por la última modificación de la normativa estatal en la materia) para que en la cuota que corresponde a la Generalitat "se determinen criterios de proporcionalidad". El titular de Economía vino, así, a anunciar que el Consell renuncia a copar la dirección de las cajas de ahorro cuando ya se han perdido, al menos, las más importantes: Bancaja integrada en Bankia y la CAM en proceso de venta.

El consejero también aprovechó su última intervención para vaticinar que la Obra Social de la CAM tendrá recursos para los próximos tres años, un plazo que podría hacerse más largo si se aplicaran medidas estrictas de austeridad. Un llamamiento al mantenimiento de la obra social y por el futuro de los trabajadores de la caja alicantina, planteado por el PP, se había aprobado precisamente por la mañana en la misma comisión de Economía con el apoyo de todos los grupos.

Ante las críticas de la oposición a los créditos blandos concedidos a consejeros de la CAM y a las indemnizaciones millonarias que han cobrado sus directivos, Verdeguer aseguró que "el Consell es el primer interesado en saber las circunstancias en que se han producido". El consejero destacó la voluntad de transparencia del Consell y citó la decisión de crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la CAM. Ignacio Blanco le recordó que fue Esquerra Unida la que propuso crear la comisión y el socialista Francisco Toledo vaticinó que hay mucho que hablar sobre la caja: "Esto no ha hecho más que empezar". Al final de la jornada, el PP votó en contra de sendas propuestas de Compromís y Esquerra Unida para que comparecieran en la comisión los actuales administradores de la CAM y el consejero de Hacienda, Jorge Vela, como responsable del Instituto Valenciano de Finanzas.

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