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La ex directora general de CAM, María Dolores Amorós, ya ha iniciado su contrataque jurídico para tratar de echar por tierra los argumentos con los que el Frob la despidió tras intervenir la caja; La directiva rechaza todos los cargos que el Frob ha aducido para respaldar su despido disciplinario: buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente. Por este motivo ha solicitado su admisión de nuevo como empleada de la entidad y una indemnización por la lesión de sus derechos al honor por la pérdida patrimonial tras la pérdida de su puesto de trabajo.

Aunque no se han concretado cifras, se trata de una indemnización millonaria. Amorós no ha cobrado, tras sus despido, ni la renta vitalicia de 369.000 euros anuales que le asignó el consejo de administración de la entidad ni indemnización de otro tipo.

El despido de Amorós se formalizó a finales de septiembre, dos meses después de la intervención de CAM. El Frob, único accionista de la entidad, argumentó que la ex directiva había actuado en beneficio propio a la hora de calcular su pensión. Además, destaca, que firmó su contrato, donde estaba incluida esta renta vitalicia, sin que su nombramiento hubiese sido confirmado por asamblea, lo que el Frob considera reprobable. Asimismo, le acusa del falseamiento de las cuentas correspondientes a 2011. Los abogados de Amorós, que está representada por el bufete Gómez-Acebo & Pombo, van a argumentar que la ex directiva no ha podido desvirtuar por su cuenta los datos financieros de la entidad, ya que la aprobación de las cuentas se sometía a un proceso interno de validación en la entidad y por parte de un auditor externo.

Pensión vitalicia
Sobre la asignación de su persión vitalicia, los representantes legales argumentarán que se trata de un beneficio que se aplica, de forma genérica, al cargo de director general, como ya había sucedido con su antecesor, Roberto López Abad. Por tanto, argumentan fuentes jurídicas, no se trata de una compensación ad hoc para ella, sino la prevista por la entidad para los ejecutivos que acceden a la dirección general. “No se trata de dirimir la cuantía de la pensión, sino si ella tomo o no la decisión”, argumenta su defensa legal.

Los abogados de Amorós ven poco probable que haya un acuerdo entre las partes (la directiva y CAM) previo al juicio, por lo que prevé un largo juicio para probar los hechos de los que se le acusa. El proceso está previsto que comience en dos meses.

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