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Habrá, finalmente, una investigación en las Corts Valencianes para analizar la gestión de la CAM, la entidad financiera alicantina que fue intervenida a finales de julio. Así lo acordó ayer la dirección del grupo del PP que, sin embargo, añadió otro objetivo más a la hoja de ruta que la comisión parlamentaria tendrá que marcarse para desarrollar sus trabajos: revisar el papel del Banco de España, el organismo que, según los populares, debía ejercer las tareas de control sobre la caja. La decisión, que ha generado una cierta inestabilidad entre los diputados del PP, se materializará durante el pleno de las Corts que se alargará entre hoy y mañana y en el que, precisamente, se debate la propuesta de EU de crear una comisión parlamentaria sobre la crisis de la entidad financiera.
La propuesta de Esquerra Unida contaba con el beneplácito del resto de la oposición. Tanto los socialistas como Compromís eran partidarios de montar una comisión parlamentaria que revisara la gestión que ha llevado a la CAM a una situación crítica. Pero, sin embargo, la última palabra la tenía el PP, con mayoría absoluta en las Corts para hacer y deshacer a su antojo. Entre los populares se habían extendido las dudas e, incluso, una cierta división. En la última junta de portavoces, de hecho, el diputado Rafael Maluenda, que ejercía de síndic, evitó desvelar el sentido del voto. Diputados del PP eran partidarios de aprobar la comisión de investigación para marcar distancias, ahora que arranca el mandato de Alberto Fabra, frente a la etapa anterior en la que Francisco Camps ordenó rechazar cualquier propuesta de la oposición para abrir comisiones parlamentarias de investigación.
La incertidumbre que mantenía el PP sobre la creación de la comisión se disipó ayer. Respaldarán la iniciativa. Pero no sólo para fiscalizar la situación de la caja -la labor de los exejecutivos y de los antiguos miembros del consejo de administración que presidía Modesto Crespo- sino también para analizar la labor del Banco de España, al que el PP valenciano apunta como responsable de la crisis de la entidad alicantina. En las últimas semanas, los populares habían vetado todas las iniciativas de la oposición sobre este asunto. El paso ha cambiado.
Desde el PP admitieron, de hecho, que están dispuestos a facilitar la comparecencia de exejecutivos de la caja en el marco de la comisión. Estas mismas fuentes apuntaron los nombres de María Dolores Amorós, ex directora general, y de su antecesor Roberto López Abad además del mencionado Modesto Crespo, que presidía el consejo en el momento de la intervención. El grupo del PP, apuntaron también estas fuentes, en todo caso, daría el visto bueno igualmente a la comparecencia de los administradores del FROB y de dirigentes del Banco de España, aunque no precisaron si en el listado podría figurar el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Es la propia comisión, una vez constituída, la que tiene que decidir su plan de trabajo y la nómina de citados que, por ley, están obligados a comparecer en las Corts Valencianes en el caso de que así sean requeridos. La ausencia de una comisión de investigación, apuntaron fuentes parlamentarias, está tipificada en el Código Penal tanto en el caso del Congreso como de los hemiciclos autonómicos.
En un comunicado, Rafael Blasco, síndic del PP en las Cortes, tildó de "alarmante" la situación de la caja. "Se deben depurar responsabilidades", aseveró antes de añadir que también "tenemos que pedirle explicaciones al Banco de España por ser el organismo que tiene la titularidad de fiscalizar e intervenir esta caja". "Somos partidarios de la máxima transparencia y de exigir la máxima responsabilidad a aquellos que hayan actuado incorrectamente", dijo. "Los sueldos estratosféricos de algunos directivos no tienen justificación alguna", subrayó antes de calificar de "intolerable" que los "dirigentes de la caja se pusieran sueldos e indemnizaciones millonarias, a la vez que contribuían a que los resultados fueran cuesta abajo".

"Avaricia" y "falta de ética" en la prestación de paro de Amorós
La posibilidad de que la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, pueda percibir una prestación por desempleo de casi 1.400 euros mensuales suscitó ayer las críticas del PSPV y de los principales sindicatos con representación en la caja, que consideran "poco ético" que reciba esta ayuda tras haber cobrado un sueldo de casi 600.000 euros anuales. Amorós acudió el pasado viernes a la oficina del Servef de Los Ángeles, en Alicante, para darse de alta como desempleada tras su despido fulminante del pasado 28 de septiembre por, entre otras cosas, haber pactado con el expresidente de la caja, Modesto Crespo, una renta vitalicia de 370.000 euros anuales. El portavoz adjunto del PSPV en las Cortes, Francisco Toledo, señaló que este gesto es "una muestra de que la avaricia, la desvergüenza y el saqueo de los directivos de la CAM no tiene límite". Los sindicatos señalaron, por su parte, que Amorós tiene derecho a recibir la prestación, aunque creen que no sería moralmente aceptable.

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