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La exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, no era la única que iba a percibir una sustanciosa renta vitalicia de casi 370000 euros anuales; Toda la cúpula de la entidad tiene derecho a una recibir una más que generosa pensión cuando alcance los 65 años que se sumaría a las indemnizaciones millonarias que ya se han llevado varios de ellos al abandonar la caja acogiéndose al actual proceso de prejubilaciones.
Fue en septiembre de 2007, con la crisis ya dejándose notar en el sector inmobiliario, cuando la entidad contrató una póliza de más de 30 millones de euros para garantizar las pensiones de su personal directivo de por vida. Gracias a este seguro, habitual en la banca, todos los miembros del comité de dirección percibirán durante su retiro, si nada lo remedia, una paga equivalente al 60% del salario que tenían mientras estaban en activo. Existe, además, la posibilidad de que reciban toda la indemnización de una sola vez, algo que podrían haber hecho ya algunos de los ejecutivos prejubilados, según fuentes conocedoras de la situación.
Las citadas fuentes señalan que, en el caso más elevado, que sería el del exdirector general Roberto López Abad, la renta vitalicia podría situarse entre los 350.000 y los 400.000 euros anuales.
La única forma de evitar que uno de los beneficiados por la póliza acabe cobrando esta pensión es que sea despedido de la entidad y que el despido sea procedente, como sería el caso de María Dolores Amorós, si es que el recurso que la ejecutiva va a presentar en los tribunales no prospera.
En el caso de los directivos que se han prejubilado, esta compensación se uniría a las indemnizaciones que ya han percibido por acogerse al Expediente de Regulación de Empleo y que suman alrededor de 15 millones de euros, como avanzó este diario ya en el mes de julio. Así, el citado Roberto López Abad se embolsó unos cinco millones de euros brutos, mientras que el subdirector general, Agustín Llorca; el director general de Participaciones Empresariales, Joaquín Meseguer; el de Recursos, Vicente Soriano; el de Inversiones Inmobiliarias, Daniel Gil; y el director territorial de la zona norte, Gabriel Sagristá, habrían cobrado alrededor de dos millones de euros cada uno.
Al menos en el caso de López Abad, los nuevos gestores de la CAM designados por el FROB estudian la posibilidad de emprender medidas para que el exdirectivo devuelva el dinero y no tenga derecho tampoco a la pensión, como ya publicó INFORMACIÓN el pasado 29 de septiembre. Una de las posibles vías sería aplicarle un despido procedente con carácter retroactivo en base a las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de la entidad, aunque se trata de una opción bastante complicada.
En el caso de Amorós, los administradores del FROB argumentaron que la ejecutiva pactó directamente con el expresidente Modesto Crespo una pensión superior a la que le correspondía, contra los criterios del consejo, y también se le acusó de falsear las cuentas para presentar beneficios, cuando los nuevos gestores afloraron unas pérdidas de 1.136 millones.

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