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E P /R C ALICANTE La vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirmó ayer que Caja Mediterráneo (CAM), la última entidad en ser intervenida por el Banco de España (22 de julio), no se troceará en principio, sino que se ofertará completa y las ofertas decidirán en qué condiciones se vende, según aseguró en una entrevista a Europa Press. El proceso de subasta está previsto que se desarrolle en el próximo mes de septiembre, según se estima en medios financieros, y se realizará mediante el sistema de "puja inversa", es decir, que se adjudicaría a aquel candidato que menos ayudas públicas pida para hacerse con CAM.
Desde antes de la nacionalización, los nombres de bancos españoles como el Santander, BBVA o Sabadell, así como grandes cajas (La Caixa) o grupos de entidades de ahorro y la vasca BBK han sido los que más se han barajado a la hora de hablar de posibles futuros compradores. Algunos de ellos, han mostrado su interés por pujar por la alicantina, siempre y cuando el Estado ofrezca un Esquema de Protección de Activos que les proteja de futuras pérdidas.
Pero antes de llegar al proceso de subasta, desde la intervención, los nuevos administradores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para la CAM están inmersos este mes de agosto en la tarea del saneamiento de la entidad de cara a su recapitalización y posterior venta. Una de las primeras medidas del FROB fue inyectar 3.000 millones de liquidez para permitir su normal funcionamiento, a la vez que evitar una posible fuga de depósitos. En este mes, igualmente, KPMG realiza a la CAM la auditoría express encargada por el Fondo y tres bancos de inversión, la valoración de la entidad, que será la que determine la participación del Estado en el capital del Banco CAM, al que Caja Mediterráneo ya ha transferido todo su negocio. En medios del sector se estima que el porcentaje que, finalmente, se quedará en manos del Estado se situaría en el entorno del 80%. La inyección de capital del FROB alcanza los 2.800 millones, necesarios para la recapitalización que le permita alcanzar los nuevos requisitos mínimos de solvencia que exige el Gobierno (10%).
Por otra parte, la vicepresidenta económica también contestó ayer a la pregunta sobre si la reestructuración ha tenido algún coste para el contribuyente.

Créditos del Estado
Salgado aseguró que los réditos para el Estado procedentes de avales y préstamos superan los 3.000 millones. En el caso de las dos cajas intervenidas con anterioridad a la CAM, recordó que la reestructuración de la Caja Castilla-La Mancha se hizo con dinero del Fondo de Garantía de Depósitos, procedente del propio sector, mientras para CajaSur se aportaron garantías por unos cientos de millones. "La diferencia es positiva. No le ha costado dinero al contribuyente", añadió. Y sobre la reforma financiera, una de las de más calado abordada por el Gobierno y que está en sus últimos compases, manifestó que el FROB ya ha dicho que inyectará el dinero necesario, "y está en el guión que antes de finales de septiembre las entidades digan qué cantidad han obtenido de inversores privados y qué cantidad obtendrán del Fondo".
"Todo eso está previsto y se desarrollará de acuerdo con el calendario. No sabemos aún si las entidades que están buscando recursos en los mercados privados lo van a conseguir o van a recurrir al FROB en mayor o menor medida, pero el FROB ya tiene los fondos consignados", explicó.

Anticorrupción recibe otra denuncia

El partido Vecinos por Alicante tiene previsto presentar mañana una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para pedir la apertura de una investigación que depure las posibles "responsabilidades" derivadas de la gestión en Caja Mediterráneo antes de su intervención por parte del Banco de España, según informaron fuentes del partido. Este colectivo ya interpuso una primera denuncia el pasado mes de abril ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante sobre "el grave problema" de CAM, si bien ésta no fue admitida. No obstante, esta formación considera que, desde entonces, se ha producido un hecho relevante como es la intervención por parte del Banco de España. Vecinos por Alicante pedirá otra a Anticorrupción que investigue este caso y, en el supuesto de que se abra un expediente, pretende solicitar su personación como "acusación popular". Hace unos días, este mismo colectivo también presentó un escrito ante el Banco de España para que hiciera públicos los "detalles técnicos y legales" que le "han obligado" a intervenir en CAM y que informe del montante económico que es necesario para mantener en activo a la entidad alicantina. EFE alicante

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