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Los males de Caja Mediterráneo (CAM) no tienen que ver solo con las fallidas inversiones inmobiliarias o la pérdida de valor de sus activos vinculados al sector del ladrillo. La gestión del negocio bancario también abre muchos interrogantes. La agresiva política expansiva del director general entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, y la apertura de oficinas sin atender a otro criterio que el crecimiento en volumen provocó que los gastos de administración pasaran de los 330 millones de 2001 a los 624 del año pasado, un crecimiento del 90% en una década.

Sin embargo, el margen de intermediación bancaria, es decir, la diferencia entre los intereses cobrados a los clientes y los devengados como cargas asimiladas fue el año pasado casi la misma que cuando el directivo accedió al cargo. En 2001, la caja alicantina obtuvo 575 millones de beneficios por este concepto y 10 años después, 586. El resultado de este desigual crecimiento ha sido que en 2010 los gastos de administración (gastos de personal y otros gastos generales) superaron en 38 millones de euros a los beneficios imputables al negocio bancario.

La CAM diseñó un plan de expansión entre 2003 y 2008 que la llevó a superar las 1.000 oficinas y tener presencia en las 17 comunidades y dos ciudades autónomas de España, pero también a disponer de nueve oficinas en el extranjero. Algunas como las de Varsovia, Casablanca, Cancún o Santo Domingo se podían justificar con las inversiones inmobiliarias de la caja en esos países, pero otras como la de Ginebra, en Suiza, son de dudosa necesidad. Ya en 2009, rectificó su política y cerró 116 sucursales, descenso que ha continuado sin que los gastos de administración hayan parado de crecer. Antes de ser intervenida el pasado 22 de julio, la CAM aprobó un plan para cerrar otras 122 oficinas y quedarse con una red formada por 841, más de 200 menos que en 2008.

La primera década de este siglo ha supuesto para la CAM pérdidas por el deterioro de activos financieros de 3.537 millones de euros, el 30% del margen bruto que consiguió durante esos 10 años, que fue de 11.741 millones. Especialmente significativo es que en 2008 y 2009, los ejercicios siguientes a la explosión de la burbuja inmobiliaria, la entidad anotó en su cuenta de pérdidas 887 y 861 millones de euros, respectivamente, por el deterioro de sus inversiones crediticias. Esos 1.748 millones tuvo que restarlos de los 2.780 millones que declaró como margen bruto. O, lo que es lo mismo, la CAM perdió el 63% del dinero que había ganado en sus cuentas consolidadas por la toxicidad de una gran parte de sus activos.

Aunque ya en 2010 solo declaró unas pérdidas de 199,7 millones por el mismo concepto, el informe de auditoría del año pasado recogía que el volumen de activos financieros de la cartera de inversiones crediticias que estarían vencidos o que se habrían deteriorado el año pasado habría sido de 2.110 millones de euros si no se hubieran renegociado sus condiciones. Tras la renovación de las estipulaciones, ese dinero desapareció de la cuenta de pérdidas en el que habría tenido que anotarse una gran parte, lo que hubiera provocado la presentación de un resultado final con pérdidas.

La política crediticia, decantada hacia el riesgo en el ladrillo, llevó a la CAM en 2010 a tomar posiciones en el accionariado de hasta 52 empresas vinculadas a la promoción inmobiliaria, más allá de los préstamos que concedió a grandes empresarios del sector con los que tenía exclusivamente una relación comercial. En las pruebas de solvencia, que la calificaron como la entidad que más capital necesitaba de Europa, la misma caja admitió tener créditos pendientes con promotores o tener inmuebles adjudicados por un importe total de 17.500 millones de euros, 12 veces el margen bruto que obtuvo en 2010, que fue de 1.379 millones de euros.

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