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Sindicatos y oposición criticaron ayer al Gobierno por proponer una reforma de pensiones, con la que pretende elevar la edad para acceder a la jubilación anticipada y parcial, sin que haya entrado todavía en vigor la última. La que se aprobó en julio de 2011 entrará en vigor en enero y que a partir de entonces irá elevando la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. En ella también se contempla que la edad mínima para acceder al retiro anticipado se situará entre los 61 y los 63 años.

“Resulta sorprendente que, antes de que entre en vigor y de que se puedan valorar su efecto, se pretenda abrir un nuevo debate”, atacó CC OO, “debilita los derechos de amplias capas de la población que se ven obligadas a jubilarse anticipadamente por la pérdida de su empleo”.

UGT exigió al Gobierno la marcha atrás. Carmen López, responsable de la política social, defiende que esta propuesta les llena de argumentos para llamar a la huelga general del 4 de noviembre y para exigir un referéndum sobre los recortes. López, además, se queja de que en la propuesta de reforma se trate de cerrar el acceso a la jubilación anticipada a los empleados públicos. Esta posibilidad ahora está vetada, pero está previsto que se abra cuando en enero. Los informes enviados el miércoles a agentes sociales y partidos proponen evitarlo.

También levantaron las propuestas de la Seguridad Social ampollas en el ámbito político, pese a que se esperaban desde julio, cuando el Gobierno se comprometió con Bruselas. “Es una barbaridad”, clamó la portavoz socialista, Isabel López i Chamosa. El PSOE acusa al Gobierno de rectificar sobre la posición que mantuvo el PP en la legislatura anterior: “No votaron la última reforma porque no aceptaban retrasar la edad de jubilación y ahora quieren ir más lejos”.

“Enmiendo la mayor. Se intenta hacer una reforma sin que haya entrado en vigor la última y sin conocer sus consecuencias. Esto no responde a una lógica del sistema de pensiones, responde a las exigencias de la troika [UE, BCE y FMI]”, argumenta Joan Coscubiela. El portavoz de Izquierda Plural explica que su grupo sí estaría dispuesto a cambios en el sistema si “es por equidad”.

Para el PNV, las propuestas oficiales sobre la jubilación anticipada podrían caer en la inconstitucionalidad. Explica el nacionalista vasco, Emilio Olavarria, que estas medidas puede ser tan injustas que se conviertan en ilegales.

Más comedido se mostró el portavoz de CiU, Carles Campuzano, aunque es suspicaz otra reforma de la Seguridad Social antes de enero: “Hay que explicar muy bien por qué se hace sin que haya entrado en vigor la última”. Campuzano advierte de que “en todo el paquete de medidas, se obvia que a los trabajadores de más de 55 años, se les expulsa del mercado laboral”. Por tanto, en su opinión, restringir la jubilación anticipada agrava todavía más su situación.

El menos crítico fue Lorenzo Amor, de ATA, la organización de autónomos. No obstante, Amor avisó al abrir “el melón de las pensiones”, de que él reclama que los autónomos tengan las mismas posibilidades de la jubilación anticipada que los asalariados

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