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M. A. R. | . / ALICANTE

Día 20/10/2012

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, deberá resolver los recursos de apelación que los cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) imputados han interpuesto contra la fianza conjunta y solidaria de 25, 8 millones de euros que les impuso el juez instructor Javier Gómez Bermúdez.

Se da la circunstancia de que Grande-Marlaska fue precisamente el magistrado que el pasado mes de diciembre, cuando dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, abrió la causa contra la antigua cúpula de CAM a raíz de las denuncias iniciales interpuestas por el FROB y por el abogado Diego de Ramón.

Dos meses después, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró a Grande-Marlaska presidente de la Sala de lo Penal, por lo que su puesto al frente del Juzgado de Instrucción número 3 fue asumido por Gómez Bermúdez, quien desde entonces se ha encargado de instruir la causa judicial sobre la CAM.

Embargo de bienes

A petición del FROB, Gómez Bermúdez dictó el pasado mes de julio un auto en el que impone una fianza conjunta de 25,8 millones de euros a los cuatro imputados: el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación Teófilo Sogorb.

Como ha informado ABC, Crespo es el único que ha dirigido al juez un listado de todos sus bienes -que incluye las acciones de su empresa, así como varias viviendas y plazas de garaje- para que pueda ejecutar su parte proporcional de la fianza.

Los cinco imputados interpusieron recursos de reposición contra las medidas cautelares que, al ser rechazados por el instructor, han transformado en recursos de apelación. En este caso, es la Sala de lo Penal de la Audiencia, presidida por Grande-Marlaska, la que deberá resolver sus alegaciones y decidir, por tanto, si se ajusta a derecho la fianza de 25,8 millones de euros impuesta.

Esta cifra se corresponde con las pérdidas que habría sufrido la CAM a causa de las pensiones vitalicias, indemnizaciones por prejubilación y primas de beneficios cobradas indebidamente por exdirectivos de la antigua caja de ahorros, según la tesis del FROB.

En caso de que la Sala de lo Penal confirme la fianza establecida, el juez Gómez Bermúdez podría ordenar el embargo de los bienes de los cinco imputados, hasta alcanzar la cifra fijada como medida cautelar para cubrir su responsabilidad civil subsidiaria.

El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en representación de más de medio millar de cuotapartícipes de la CAM, ya ha anunciado que si los imputados se declaran insolventes, interpondrá una querella contra ellos por un presunto delito de alzamiento de bienes, por considerar que han podido ocultar una parte de su patrimonio fuera de España. Diego de Ramón ya ha dirigido un escrito al juez Gómez Bermúdez, en el que pide que embargue los bienes de la Obra Social para indemnizar con 17,5 millones a los compradores de cuotas participativas.

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