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El juez ordena que dos nuevos inspectores del Banco de España revisen las cuentas de la CAM

Diario Información, recopilado por Sindicato Alta - 28/09/2012

 

La nueva auditoría acordada por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez se va a realizar a instancia de la Fiscalía Anticorrupción que busca disipar cualquier duda sobre la imparcialidad de los informes periciales, base de las imputaciones 

MERCEDES GALLEGO

El magistrado Javier Gómez Bermúdez, instructor de las tres causas abiertas en la Audiencia Nacional que investigan las supuestas irregularidades por parte de exresponsables de la CAM en la gestión de la entidad así como la comercialización de productos financieros algunos de ellos hoy sin valor alguno (como es el caso de las cuotas participativas), ha ordenado que dos peritos del Cuerpo de Inspectores del Banco de España que no hayan tenido relación alguna con la crisis letal de la entidad vuelvan a revisar sus cuentas.
El juez da luz verde así a la pretensión del fiscal anticorrupción quien, en un escrito fechado el pasado día 13, solicitaba que se librara un oficio al Banco de España para que se designara a dos peritos "no contaminados" que auditaran apartados de la contabilidad de la CAM determinantes para el procedimiento penal que pretende aclarar si los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo falsearon los resultados contables de la entidad para adjudicarse unas retribuciones a las que no tenían derecho.
Con esta pericial "de naturaleza eminentemente contable", tal y como precisa en su escrito el fiscal, Anticorrupción busca disipar cualquier duda acerca de la imparcialidad de los informes periciales que se están manejando en la denominada causa principal, que es para la que se ha solicitado esta diligencia, como son el expediente disciplinario elaborado por el Banco de España y el informe forense que, a instancias de la CAM a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), realizaron peritos de la auditora PwC y cuyas conclusiones ratificaron sus autores ante el magistrado Gómez Bermúdez a finales de julio. Es precisamente este informe el que cifra en 25,8 millones el presunto quebrando económico causado a la entidad por los cinco imputados, cantidad que le sirvió de base al magistrado para imponer una fianza que dos meses después de acordarse continúa al expensas de que se resuelvan los recursos de reforma planteados por la partes.
Los dos nuevos inspectores del Banco de España tendrán que informar sobre si "entre 2007 y 2010 se contabilizaron correctamente los créditos subsestándar, dudosos o fallidos" así como si "se aplicaron correctamente los criterios de rehabilitación" y sobre el tratamiento contable dado a las cuentas de 2010, y los estados intermedios de 2011 elaborados por los antiguos administradores de la CAM, a la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados, al reparto de dividendos de las sociedades filiales de la CAM y a la dotación para el fondo de prejubilaciones. Quiere saber también el fiscal si son correctas las retribuciones asignadas y en su caso pagadas al personal de alta dirección y, en particular, las descritas en el informe de PwC sobre las indemnizaciones por prejubilaciones del Comité de dirección.
Como colofón a todo lo anterior, el ministerio público pide que los nuevos peritos informen de la "incidencia de las anteriores cuestiones en el reflejo de la imagen fiel de la situación financiera de la CAM y, se su caso, evaluación del perjuicio causado a la entidad o a terceros".

INVESTIGACIÓN
El acusador público quiere saber qué sabían los auditores de la CAM
Aclarar si los auditores externos de la CAM podían haber detectado, de probarse, las supuestas irregularidades "mediante el desarrollo de trabajos y procedimientos de auditoría generalmente aceptados", según recoge el escrito, o si lo hicieron y ninguna medida tomaron al respecto es algo que el fiscal anticorrupción considera importante determinar por cuanto el papel de estos auditores en el procedimiento penal podría pasar de meros testigos a imputados. Por eso, el acusador público pide expresamente que los nuevos peritos informen sobre ese aspecto. M. G. alicante

 

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