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Efe | Madrid

 De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy habrá impuesto a la banca en dos tandas un saneamiento de sus activos inmobiliarios que superaría los 75.000 millones de euros, dado que a los 54.000 millones iniciales se sumaría una cifra aun no determinada, pero que se situará entre 20.000 y 40.000 millones.

A falta de conocer los detalles finales de la nueva reforma, algunos banqueros han puesto ya el grito en el cielo por lo que consideran un "despropósito" debido a las consecuencias que puede tener en el sistema financiero español.

La nueva reforma supone un cambio en el planteamiento inicial que hizo el ministro de Economía, Luis de Guindos, poco después de acceder al cargo, cuando anunció que la banca necesitaba sanearse en unos 50.000 millones de euros para eliminar el riesgo inmobiliario.

La explicación está en que la nuevas provisiones recaerán sobre la cartera de préstamos de la banca al sector constructor y promotor que hasta ahora se considera "no problemática", unos 140.000 millones.

La exposición total de la banca española al "ladrillo" ronda los 320.000 millones y el Gobierno decidió a principios de febrero que era necesario elevar especialmente las provisiones sobre los activos tóxicos, unos 180.000 millones.

Esa partida problemática incluye préstamos morosos o con riesgo de serlo y activos adjudicados, y obligaba a las entidades a reforzar en 2012 sus provisiones en más de 40.000 millones, siempre que no se acometieran fusiones, lo que daba una prórroga de un año.

Morosidad en aumento

En cuanto a los activos no problemáticos, los 140.000 millones, en ese momento Economía pidió a las entidades que reforzaran también sus provisiones hasta un 7% para cubrir esta cartera, lo que les obligaba a atesorar unos 10.000 millones.

Sin embargo, ante la desconfianza de los mercados y el temor a que los activos no problemáticos acaben siéndolo si la situación económica no mejora y la morosidad sigue en aumento, el Gobierno elevará también las provisiones de la cartera "sana".

En función de lo duro que sean los nuevos requerimientos, las entidades estarán obligadas a reforzar más o menos sus provisiones, aunque los expertos dan por hecho que la cifra estará entre 20.000 y 40.000 millones.

Ello dependerá de hasta dónde se eleve la actual provisión genérica del 7% para los activos sanos y que podría elevarse hasta el 30%, aunque podría diferenciarse según el tipo de activo, penalizando especialmente al suelo frente a la vivienda acabada.

Además, la idea del Ejecutivo es la de exigir las nuevas provisiones también este mismo año, puesto que se busca hacerlo en un plazo "muy breve", lo que mete más presión a las entidades, que podrían entrar en pérdidas.

Eso sí, como el Gobierno piensa aprobar también el próximo viernes la fórmula para que la banca traslade su riesgo inmobiliario a otras sociedades, las entidades podrán beneficiarse de este traspaso de activos una vez culminado el saneamiento adicional.

Con la última reforma aprobada por el Ejecutivo quedaban cubiertos en un 80% los activos problemáticos en el caso del suelo; el 65% en el caso de las promociones en curso y el 35% en edificios terminados y vivienda.

Unicaja, Ibercaja, el grupo BMN y Liberbank, que en las últimas semanas mantenían contactos para alcanzar fusiones, han frenado sus conversaciones a la espera de conocer el alcance de las nuevas medidas del Gobierno para el sector financiero, según han informado a Efe fuentes próximas a estas entidades.

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