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DAVID NAVARRO ALICANTE
Cuando el 22 de julio del año pasado el Banco de España decidió intervenir la CAM, sus consejeros y directivos ya tenían claro que aquello les iba a salir caro, aunque aún no sabían cuánto. El supervisor del sistema financiero tardó seis meses en mirar en todos los cajones y revisar a fodo las cuentas de la entidad antes de elaborar un primer informe con todas las irregularidades encontradas, que dio pie a la apertura de un expediente sancionador a finales de enero. Ahora, otros tres meses después, ha resumido todas las fechorías que denunciaba el citado escrito en cuatro infracciones de la normativa bancaria. La acumulación de sanciones puede llegar a los 800.000 euros para consejeros y directivos, y la propia entidad podría hacer frente a multas de hasta un millón de euros.
Éstos són los cuatro pecados capitales que ha encontrado el Banco de España en la CAM:

1. Deficiencias en los mecanismos de control interno de la entidad
Infracción tipificada como muy grave por el Artículo 4.n de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (LDIEC).
Sanciones: hasta el 1% de los recursos o 300.000 euros para la entidad. Hasta 150.000 euros e inhabilitación para los directivos y miembros del consejo.

El Banco de España pone de manifiesto la falta de controles efectivos sobre aspectos básicos para garantizar la viabiliad de la caja, como la concesión de créditos. Así, señala que para el otorgamiento de los préstamos ni siquiera se analizaba la capacidad de pago de los clientes -sólo se miraban las tasaciones de las garantías aportadas-; que se daba financiación casi ilimitada para los socios de la caja en diversas sociedades inmobiliarias -destaca especialmente el caso de Polaris World y el de la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones, con la que CAM colaboró en numerosos "pelotazos" urbanísticos-; y que no se realizaba ningún tipo de seguimiento de la evolución de los créditos.
También se denuncia que, para evitar que la tasa de morosidad se disparara, se concedían refinanciaciones sin aportar nuevas garantías y que incluso los incentivos a la plantilla favorecían esta práctica.
Igualmente, incluye en este apartado la arriesgada política de liquidez que puso en marcha el exdirector general de la CAM Roberto López Abad para financiar la extraordinaria expansión de la entidad, que el supervisor considera más propia de "un banco de inversión" que de una caja de ahorros. El Banco de España considera que abusó de la financiación mayorista -pedir prestado a otros bancos- lo que provocó que al llegar la crisis la entidad tuviera problemas para devolver sus propias deudas.
En la misma línea, el expediente denuncia que los ejecutivos -en concreto López Abad y Daniel Gil- dirigían la política de inversiones empresariales de la caja a su antojo y fruto de ello son los abusos cometidos a través de la citada TIP. Las sociedades incluidas en este holding recibieron entre capital y préstamos cerca de 3.000 millones de euros, de los que más de mil millones ya se dan por perdidos.
También escaparon a todo control las remuneraciones extraordinarias que cobraban los miembros del consejo de administración por representar a la CAM en otras entidades y que superaban con creces el máximo establecido por la asamblea general. En el caso del expresidente de la entidad Modesto Crespo, los pagos ascendían a 300.000 euros anuales.

2. Prácticas contables para alterar la realidad financiera y patrimonial
Infracción tipificada como muy grave por el Artículo 4.f de la LDIEC
Sanciones: hasta el 1% de los recursos o 300.000 euros para la entidad. Hasta 150.000 euros e inhabilitación para los directivos y miembros del consejo.

Los inspectores consideran que al menos durante cuatro años -desde 2008 hasta 2011- la CAM desarrolló prácticas contables "irregulares" que alteraron su "realidad financiera o patrimonial". Es decir, que se falsearon los resultados de dichos ejercicios, aunque de distinta forma. En el año 2008 los responsables de la entidad optaron por declarar directamente como fallidos -sin pasar por el paso intermedio de dudosos, que es el que se contabiliza- cientos de millones de euros en créditos impagados. De esta forma la tasa de morosidad parecía normal y para enjugar las pérdidas se vendieron importantes participaciones industriales.
Sin embargo, al prolongarse la crisis la CAM no disponía de suficientes recursos para ocultar la morosidad de esta forma y lo que se hizo fue rehabilitar indebidamente multitud de créditos que estaban en situación de mora. De esta forma la tasa de morosidad seguía bajo control y, al mismo tiempo, se liberaban provisiones que ayudaban a mejorar los beneficios de la entidad. El importe de los préstamos mal clasificados ascendió a 2.832 millones desde 2009 a 2011.
En 2010, además, la CAM realizó diversas titulizaciones de créditos impagados para "simular" su venta a fondos de inversión, lo que también permitía sacarlos del balance. El problema era que, en el momento de la venta, la caja suscribía una opción de compra por el mismo importe, con lo que seguía asumiendo todo el riesgo.

3. Incumplimiento de la obligación de presentar un plan de viabilidad
Infracción tipificada como muy grave por el Artículo 4.p de la LDIEC
Sanciones: hasta el 1% de los recursos o 1.000.000 euros para la entidad. Hasta 500.000 euros inhabilitación para los directivos y miembros del consejo.

Tras la ruptura con Cajastur y ya con María Dolores Amorós al frente de la entidad, el Banco de España le exigió un plan de viabilidad que permitiera a la caja recuperar los niveles de solvencia mínimos que exige la ley y que había perdido como consecuencia de la reclasificación de miles de millones en créditos que la entidad calificaba de "normales" cuando estaban impagados.
Amorós cumplió su obligación pero, según explica el informe, su plan de negocio se parecía más al cuento de la lechera que a un plan redactado por la responsable de una entidad del tamaño de la CAM. Así, a pesar de la parálisis absoluta del mercado inmobiliario, la exdirectora general preveía el cobro de la mayoría de los préstamos concedidos a promotores y también realizaba previsiones muy generosas sobre los pisos que iba a vender la entidad. Igualmente, a pesar de que los clientes estaban sacando sus ahorros de la caja, el documento contemplaba un aumento del 28% de los depósitos e ignoraba por completo riesgos muy reales, como la posibilidad de que la aseguradora Aegon decidiera romper su alianza y reclamar los 600 millones de indemnización estipulados en el contrato entre ambas empresas.

4. Negligencia persistente en las funciones de la
comisión de control
Infracción tipificada como muy grave por el Artículo 40.2.a de la LDIEC
Sanciones: hasta 6.010 euros para cada miembro de la comisión.

El Banco de España recuerda que la comisión de control era el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y de los estatutos de la caja y considera que sus miembros obviaron sus responsabilidades. Señala que muchas veces se conformaban con tener información meramente verbal de los asuntos, que apenas formulaban preguntas, que no revisaban el funcionamiento de los controles de auditoría interna y que se limitaban a hacer suyos los informes del auditor externo.

Roberto López Abad sólo hará frente a dos acusaciones
A pesar de que fue el principal ejecutivo de la CAM durante la mayor parte del periodo analizado y de que el propio informe del Banco de España le señala como el máximo responsable de muchas de las irregularidades descritas, el exdirector general de la entidad Roberto López Abad podría salir relativamente bien parado del expediente sancionador. El supervisor le atribuye dos de las infracciones -las referentes a las deficiencias en el control interno y las prácticas para alterar la contabilidad, penalizadas cada una de ellas con 150.000 euros- pero se libra de la más grave de las acusaciones, al menos desde el punto de vista monetario: la de no presentar a tiempo un plan viable de recapitalización, que puede costar a su sucesora, María Dolores Amorós, y a los consejeros 500.000 euros. El motivo es que López Abad dejó oficialmente su cargo en la CAM en diciembre de 2010 para marcharse al entonces Banco Base, antes de que el Banco de España requiriese a la entidad el citado plan de recapitalización. Posteriormente, se prejubiló cobrando 5,8 millones de euros.

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