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Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó que se ha buscado el "máximo consenso".

El secretario de Estado José Manuel Campa será el encargado de comparecer trimestralmente ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso para dar explicaciones sobre la actividad del fondo.

De la Vega admitió que aunque el sector bancario ha demostrado su "probada solvencia", "en la actual coyuntura algunas entidades podrían tener algunas dificultades", por lo que el RD buscará "reforzar los recursos propios en procesos de integración" de las entidades en graves dificultades, mientras que apoyará la continuidad de las que se consideran viables pero sufren dificultades puntuales.

El FROB se financiará con 6.750 millones de euros procedentes de recursos públicos y 2.250 millones de las entidades financieras a través de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos. Esto supondrá que el Estado aportará el 75%, mientras que las entidades pondrán el 25% restante de los 9.000 millones de capital inicial con los que contará este instrumento.

La aportación pública procederá de recursos no utilizados del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, ha destallado De la Vega. Adicionalmente, el FROB, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, podrá captar financiación con aval del Estado en los mercados de valores emitiendo títulos de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y hacer otras operaciones. Esta captación de capital adicional no podrá superar este año tres veces la dotación inicial, es decir, no podrá sobrepasar en este ejercicio los 27.000 millones de euros además de los 9.000 iniciales.

Este fondo de ayuda podrá llegar a los 90.000 millones a partir de 2010 sólo si cuenta con la autorización del Ministerio de Economía. La ministra Salgado ha reiterado, tras la rueda de prensa, que no van a cambiar la ley de cajas este año. La vicepresidenta segunda del Gobierno también ha querido hacerle un guiño al optimismo y ha señalado que cree que "el Estado tendrá un beneficio a final de la crisis".

La ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha recalcado en el Palacio de La Moncloa ante los medios que el proceso de reestructuración durará varios años. Asimismo, ha señalado que este tipo de actuaciones tiene "el paraguas" de la Comisión Europea porque ahora mismo "es el momento más apropiado para emprender acciones de este tipo".

Según ha explicado, el Gobierno ha decidido no modificar las potestades que las comunidades autónomas tienen para aprobar las fusiones de las cajas de ahorros, aunque insistió en que el Banco de España tendrá la autoridad en casos de intervención de una entidad.

"Como es urgente no tiene sentido abordar en este momento los derechos de veto que las comunidades autónomas tienen sobre operaciones de fusión de cajas de ahorros", afirmó.

"Los poderes de las comunidades autónomas [sobre las cajas] y el Ministerio de Economía y Hacienda [sobre los bancos] quedan vigentes. No hemos querido que fuera de otra manera", aseguró la vicepresidenta segunda y ministra de Economía.

Salgado insiste en que el Tribunal Constitucional ha avalado la competencia del Estado en casos de intervención, una competencia que está delegada en el Banco de España.

Los sindicatos reclaman "vigilancia"
Al hilo de la aprobación del FROB, la Unión General de Trabajadores (UGT) considera que es "urgente" su aplicación aunque reclama "vigilancia para evitar que se abra la vía a la privatización de las cajas de ahorro" en las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), así como "la participación sindical en todo el proceso".

En un comunicado, el sindicato, que valora el objetivo de fortalecer el sistema financiero, señala que este Real Decreto Ley es "una de las medidas económicas de mayor calado político de esta legislatura, ya que facilita el camino hacia una nueva ordenación del mapa financiero, y por ello debe formar parte del Diálogo Social".

Así, la organización sindical considera necesario que el Real Decreto Ley mantenga la supresión del derecho a voto de las cuotas participativas, y consecuentemente su representación en los órganos de gobierno para evitar la privatización diferida y encubierta de estas entidades.

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