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Un grupo de propietarios de cuotas participativas de la CAM está analizando la posibilidad de solicitar el embargo de los bienes adscritos a la Obra Social de la antigua caja de ahorros para que se les compense por las pérdidas que han sufrido después de que estos títulos hayan perdido todo su valor.

Así lo aseguró Carlos Pena, portavoz de la nueva Plataforma de Afectados CAM que ayer celebró su primera reunión en Alicante y que también reúne a perjudicados por otros "productos tóxicos" de la entidad alicantina, como las participaciones preferentes.

Esta plataforma cuenta con el apoyo del abogado murciano Diego de Ramón, que denunció ante la Audiencia Nacional a la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós, y también ha pedido a Bruselas la anulación de la subasta de la entidad. 
En este sentido, la Plataforma tiene la intención de presentar una demanda colectiva para exigir responsabilidad patrimonial a los anteriores gestores de la CAM y también al Instituto Valenciano de Finanzas, el Gobierno murciano, el Banco de España, el FROB y la Comisión del Mercado de Valores por hacer dejación de sus funciones de vigilancia y supervisión.

 De forma paralela, también estudian pedir el embargo de los bienes de la Obra Social, que en estos momentos son los únicos que posee Caja Mediterráneo junto con las cuotas, después de la segregación de todo su negocio al Banco CAM, adjudicado al Sabadell. Por su parte, la consultora Strategia celebró ayer en Elche otra reunión informativa sobre la plataforma de afectados que está promoviendo y Ausbanc tiene programado hoy otro encuentro en Dénia.

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