Dos meses antes de que tuviera lugar la ruptura del Banco Base integrado por la CAM, Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura, empezaron a aparecer rumores y filtraciones para debilitar la posición de Caja Mediterráneo, que ya había entrado con mal pie en el nuevo SIP debido a que su representación se limitó al 40% pese a tener un tamaño mayor que la suma del resto de socios. El liderazgo de la operación por parte de Manuel Menéndez, de Cajastur, y la consiguiente pérdida de poder de la entidad del Sureste, que asumió el papel de ´estar necesitada´, ayudaron a los dinamiteros de la fusión fría. Menéndez pegó el bocado en el negocio de la CAM pero no pudo tragárselo. Era demasiado grande.
Los presidentes de Extremadura, Cantabria y Asturias no se recataron a la hora de rechazar públicamente la fusión con Caja Mediterráneo, influyendo sobre las asambleas y órganos directivos de sus cajas: el mensaje era que resultaba peligroso aliarse con la CAM.
En la recta final, y de un día para otro, la petición de ayudas del Banco Base al FROB se elevó a los 4.500 millones de euros a causa, según los socios, del deterioro de los activos de la CAM, pese a que los datos eran los mismos que al cierre del ejercicio de diciembre. A finales de marzo, las asambleas de las otras tres caja rechazaron su integración en el SIP, mientras que la de Caja Mediterráneo lo aprobó. Los gestores y consejeros opinan que la prioridad es asegurar la solvencia y evitar el control estatal, y que después llegará el turno de exigir responsabilidades. Creen, sin embargo, que ha existido una campaña de acoso y derribo desmedida contra la entidad por parte diversos colectivos y ´lobbies´.