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La historia reciente de Caja Mediterráneo (CAM) puede condensarse en dos expresiones; La primera versa así: «Eso del SIP, ¿qué es? Explicádmelo como si fuera Belén Esteban»; Se la espetó en mayo de 2010 el consejero José Enrique Garrigós al aún director general, Roberto López Abad; Por entonces, la crisis ya había provocado que la mayoría de los españoles hubiese incorporado a su diccionario el término SIP o fusión fría, como antes se habían familiarizado con «prima de riesgo» o «agencia de calificación».

Pero este émulo ocasional de la diva televisiva no tenía ni idea de lo que podía significar. Ni para él, ni para la CAM, ni, por supuesto, para los impositores. Y eso que era miembro del órgano de gobierno de la cuarta caja del país, con unos activos de 70.000 millones de euros. La otra frase memorable es del propio López Abad, primer ejecutivo de la entidad hasta diciembre, con un sueldo próximo a los 500.000 euros y cuyo blindaje es un secreto bien guardado. Data de 2008: «La vivienda crecerá menos, pero crecerá. Ni será el colapso universal, ni se acaba la vida; si hubiera crisis inmobiliaria su impacto sería matizado».

Cuando la pronunció, dos fondos de BNP habían cerrado sus posiciones en EEUU al no poder valorar sus hipotecas subprime, el BCE había tenido que inyectar liquidez en el mercado por la asfixia de las entidades de ahorro, el cuarto banco de inversión de Wall Street estaba a punto de quebrar y el ladrillo despedía trabajadores a espuertas. Pero López Abad, que acababa de ganar para la CAM 386 millones a base de conceder créditos a constructores de todo pelaje, ni siquiera intuía la fragilidad de su negocio. Tres años después, la morosidad supera los 4.600 millones y fuentes financieras sitúan la mora inmobiliaria en el 25%. Es decir, que uno de cada cuatro euros dados al sector está sin devolver o en riesgo de ello. Pese a que la entidad requerirá ayudas públicas de 2.800 millones, el 60% de su capital, nadie en la caja ha pedido cuentas a López Abad que, por el contrario, iba a ser premiado con un puesto en el consejo de administración del SIP frustrado con CajAstur.

Él es así, «el líder», como le califica su núcleo duro, un círculo de cinco directivos que le ha blindado durante años de cualquier censura. Su palabra era ley ante un consejo deadministración limitado en cultura financiera y acostumbrado a las prebendas: viajes a todo tren a La India, China, Canadá, Nueva York, hoteles de superlujo, pasajes a familiares... todo gratis, o mejor dicho, todo a cuenta de los impositores.

 "Vivíamos en la euforia permanente"

 La historia del ascenso y caída de la CAM es la historia de la gestión de Roberto López. Este alcoyano de 56 años asumió todo el poder de la entidad en 2001, cuando el Gobierno de Eduardo Zaplana decidió quitarse de en medio a su predecesor, Juan Antonio Gisbert, cercano al PSOE. López apoyó sin protestar las necesidades de financiación al presidente autonómico en Terra Mítica, un majestuoso parque temático levantado en un risco pelado de Benidorm.

Junto a los otros dos accionistas de referencia, Bancaja y la Generalitat Valenciana, ha invertido 420 millones y, en el mejor de los casos, lo venderán ahora por unos 70. Pero por entonces no pasaba nada. Los beneficios crecían a ritmos del 20%, casi proporcionalmente al precio de la vivienda y a la recalificación de terrenos de la Comunidad Valenciana. Roberto López entró con la CAM en todo lo que oliera a ladrillo. Desde su despacho, tatuado de mirós, se financió Martinsa (155 millones atrapados), Nozar (137), Polaris (122), El Pocero (100), Tremon (75) o Habitat (27).

También se intensificaron los negocios con Enrique Ortiz, el propietario del Hércules y un habitual de los juzgados por su implicación en presuntos casos de corrupción relacionados con el PP. La exposición de la caja con él ronda los 500 millones de euros. «Durante muchos años, el ambiente en la caja era de absoluta euforia, de absoluta prepotencia por parte del director general, no nos informaban de nada, no se discutía ninguna inversión, lo único que nos decían es que teníamos menos morosidad que nadie, más core capital que nadie, que éramos los más guapos y los más listos», relata uno de los consejeros.

En la presentación de unos resultados, Roberto López se reclinó en la butaca, se puso las manos en la nuca y dijo: «Han sido unos años increíbles», afirma un vicepresidente. Pero han acabado con la nacionalización de la entidad.  ¿Quién pudo parar a este hombre? Se supone que el presidente de una caja tiene por misión fiscalizar la obra social y el negocio bancario.

El presidente de la CAM es Modesto Crespo, propietario de los concesionarios de Ford en Elche. Sin trayectoria financiera, entró a la caja en 2007 después de una guerra descarnada por el control de la entidad que enfrentó a los consejeros afines al ex presidente autonómico Eduardo Zaplana con los fieles a Francisco Camps. Finalmente, ganaron los de Camps y éste premió la fidelidad de Crespo, primero con la secretaría del consejo y, en 2009, con la presidencia. A los pocos meses la caja le daba un préstamo de cinco millones. Crespo ha sido agradecido con el presidente autonómico. Así, en 2010, año de sequía crediticia para el Ejecutivo regional, la CAM multiplicó por seis los préstamos al Ejecutivo regional «para pagar a los proveedores», según afirmaban en éste.

Seguramente Crespo sí que sabría lo que era un SIP ya hace un año, pero eso no quiere decir que le gustara. De hecho, no hizo mucho por evitar que saltara por los aires el proyecto de integración con la saneada Caja Murcia el pasado agosto. El presidente de ésta, Carlos Egea, pidió repartirse la presidencia de la entidad fusionada por bienios y Crespo lo rechazó. Se tanteó a la vasca BBK y tampoco fructificó. Y el Banco de España, que conocía las tripas de la entidad, le forzó a fusionarse con CajAstur.

Por increíble que parezca, a  parte de López Abad y de la actual directora general, María Dolores Amorós, dos hombres se lograron colocar en el non natto consejo del SIP: Crespo y Ginés Pérez, amigo personal y, como él, propietario de concesionarios Ford en Benidorm.

Los lujos del consejo

Cuando en una caja fallan el presidente y su director general, el consejo de administración tiene la misión de fiscalizar la labor de ambos. El de la CAM tiene 20 miembros, la gran mayoría vinculados a un partido. Muchos se han quejado de que la dirección no les informaba, pero pocos lo han hecho de sus prebendas y privilegios. Así, en 2002 la mayoría aceptó la invitación de la caja para visitar la Patagonia argentina; en 2005 se marcharon a China y Japón y en 2006 a La India. Los hoteles no bajaban nunca de cinco estrellas y se fletaban aviones enteros para que cupiesen, a cuenta de los impositores, las esposas (o maridos) y los hijos.

Canada y Nueva York también recibieron la visita de los directivos. El presidente no era el único que recibía créditos blandos. Los miembros del órgano de gobierno de la CAM llegaron a acumular en 2008 más de 165 millones de euros en préstamos. La caja tampoco se porta mal con el presidente de la comisión de control, el constructor murciano Juan Ramón Avilés. El empresario recibió en el 2008 préstamos por 23 millones; en el ejercicio 2009 recibió 2,1 millones y el año pasado otros dos millones.

En el apartado de dietas, retribuciones y sueldos, consejeros y directivos de CAM obtuvieron 4,5 millones de euros en 2010 (un 4,6% más que en el año anterior). Por asistencia a consejos, comisiones y figurar en compañías participadas, las retribuciones llegaron a 1,3 millones de euros, un 18% más. Así las cosas, sólo un pequeño grupo protestó en febrero cuando la recién nombrada directora general reconoció que la tasa de morosidad no era del 4,7%, sino del 8,7%. «Eso es lo que hay», les espetó.

Y entonces se comenzaron a entender las reticencias del presidente de CajAstur para compartir mesa con López Abad y Modesto Crespo en el consejo del SIP. «Joder, pero si hace una semana nos dijisteis que era del 4%», estalló uno de los vocales. «Esto es lo que hay», reiteró Amorós. De todas formas, en el hipotético caso de que en una caja el director general dinamitara su balance, su presidente agredeciera favores políticos y el consejo no se enterara de nada, no deberían pasar cosas graves gracias al Banco de España.

La institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez tiene inspectores en la caja alicantina desde hace tres años. ¿Qué han hecho para evitar la debacle? Es un secreto aún mejor guardado que el blindaje del director general. Lo único que se conoce es que, siete meses después de la caída de Lehman Brohers, autorizó la compra de una financiera mexicana, que le ha costado a la CAM 300 millones y es una máquina de generar pérdidas.

Una caja asfixiada por sus deudas

Reza una máxima financiera que la morosidad es un cáncer, del que se puede salir con cuidados, pero que la falta de liquidez equivale a un infarto del que, llegado el caso, se lleva por delante una entidad. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tiene en su interior los dos riesgos. Una morosidad admitida que roza el 9%, tras una inspección realizada por el Banco de España a lo largo del pasado mes de diciembre.

Estos activos dudosos obligarán a fuertes provisiones a lo largo de los próximos meses. Y habrá que comprobar si la cuenta de resultados de la caja alicantina las soporta. Pero el problema más grave de la CAM es su liquidez, los vencimientos de deuda a los que se enfrenta en los próximos meses. Según fuentes financieras consultadas por MERCADOS, la entidad debe devolver en los mercados mayoristas durante 2011 y 2012 alrededor de 7.500 millones de euros, la mayoría de ellos en cédulas hipotecarias, pero también hay una partida notable de deuda senior y, centrada en 2012, emisiones con aval público.

Precisamente es este último aspecto uno de los problemas de la caja alicantina. Tiene agotada la capacidad de emisión con aval público. Hoy por hoy, casi ninguna caja es capaz de captar dinero en el mercado sin la ayuda del Estado. A la CAM, además, no le ayuda en nada la bajada de su calificación crediticia acordada por la agencia Fitch el pasado viernes, que situó las emisiones de la entidad como bono basura. «Con las incertidumbres actuales difícilmente un inversor va a aceptar papel de la CAM», dice una persona involucrada en los mercados de financiación mayorista.

La caja que preside Modesto Crespo depende de los mercados mayoristas en más de un 40%. Su fuerte crecimiento de los años previosa la crisis era imposible financiarlo mediante depósitos y la entidad recurrió de forma masiva a inversores institucionales a los que ahora tiene que devolver su dinero. También al BCE, al que según los datos a cierre de septiembre debía 2.500 millones de euros. La prueba de ese exceso de dependencia mayorista es que el Gobierno ha fijado el nivel saludable en el 20% de exposición a estos mercados, la mitad del que tiene la CAM.

Para la caja, su pertenencia a Banco Base le daba confortabilidad. El grupo contaba con una capacidad de emisión con aval de 2.655 millones de euros. Según las fuentes consultadas, de esa cantidad unos 1.000 millones correspondían a CajAstur y 1.655 millones a CCM (también perteneciente a la caja asturiana). La entidad de Castilla-LaMancha fue intervenida en marzo de 2009, cuando apenas se había empezado a realizar emisiones avaladas.

La CAM tiene en depósitos de los clientes 42.346 millones de euros, una cantidad que apenas cubre el 57,2% del activo de la caja. Además, la directiva se está empleando a fondo en contener una posible salida de depósitos de la clientela tras los problemas vividos en las últimas dos semanas. Luego está el asunto de la morosidad. Una inspección del Banco de España obligó a la caja a reclasificar buena parte de su cartera crediticia en diciembre pasado, lo que llevó su morosidad a rozar el 9%. En el sector financiero causaba sorpresa que la CAM estuviese logrando reducir su morosidad, como celebrada cada trimestre la caja presidida por Crespo. Ahora se ha comprobado que, en gran medida, esa reducción era pura ficción por una incorrecta clasificación de los riesgos.

En gran medida por la exposición al sector inmobiliario. Según fuentes próximas a la CAM, su ratio de activos de dudoso cobro ligados a este sector rebasa el 25%. En septiembre la caja únicamente admitía una tasa de morosidad inmobiliaria que no llegaba al 10%. A eso se une el problema de los activos adjudicados provenientes de la clientela. Banco Base acumulaba 4.208 millones en esta rúbrica, casi tantos como La Caixa, que es el doble de grande. La mayor parte de estos activos proceden del balance de la caja alicantina, que ahora deberá asumirlos sola.

El paradigma del negocio ruinoso

 Terra Mítica, el parque temático de Benidorm, es uno de los sospechosos habituales que pinta de rojo el balance de la Caja del Mediterráneo (CAM). El complejo de ocio, creado por el anterior presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, como polo de atracción turística de la Costa Blanca, es el paradigma de la inversión empresarial de la CAM: los intereses y compromisos políticos a cargo de la chequera de la caja, una ecuación con pésimos resultados.

Más de 10 años después de su construcción, de superar una suspensión de pagos y de verse salpicada en varios casos de corrupción, Terra Mítica, cuyos otros dos socios de referencia son el Gobierno valenciano y Bancaja, sigue sin levantar cabeza. El parque ha sido más protagonista en la sección de Tribunales que en la de Economía. Y es que el complejo se ha visto salpicado por varios casos de corrupción. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia investiga una presunta trama de empresas que hacían facturas falsas por trabajos no realizados en el complejo durante los años 2000 y 2001. El fraude fiscal, resultado de hinchar las facturas para desgravarse el IVA, rondaría los 4,4 millones de euros. No obstante, en una reciente resolución, el juez ha exonerado a Terra Mítica, al considerar que la compañía no se benefició de la supuesta red de fraude. La investigación afecta a 30 empresas que fueron contratistas del parque.

Terra Mítica cerró el último ejercicio con unas pérdidas superiores a los 10 millones de euros, su mejor resultado en los últimos años. La deuda ronda los 65 millones y los propietarios, las cajas y la Generalitat, no han tenido más remedio que cortar el grifo de los créditos (la única salida para que el parque pudiera seguir operando) y traspasarlo al mejor postor. El recinto, que abrirá la temporada el próximo 16 de abril, inicia una nueva etapa bajo la gestión de Aqualandia, una firma local especializada en parques acuáticos. La empresa, que firmó un contrato de alquiler de 10 años con una opción de compra, ya ha adelantado 15 millones para acelerar la adquisición del parque.

Las cifras que se manejan denotan el negocio ruinoso que hicieron CAM, Bancaja y la Generalitat. El complejo costó unos 420 millones. Para evitar el crack definitivo, Terra Mítica vendió en 2006 cinco parcelas (132.000 metros cuadrados) al empresario alicantino Enrique Ortiz (dueño del Hércules CF e implicado en el caso Gürtel), que pagó unos 83 millones de euros por ellas. Cinco años después, los propietarios de Terra Mítica van a vender a Aqualandia unos 900.000 metros cuadrados de terreno en uno de los mejores parajes de Benidorm por unos 70 millones.

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