|
LUIS SEGOVIA LÓPEZ
En todos los medios de comunicación está saliendo lo de Bankia y las tarjetas negras, pero los alicantinos sin tanta publicidad han vivido la destrucción controlada de su Caja de Ahorros, la CAM. La Caja de Ahorros del Mediterráneo antes de julio de 2011 en que fue intervenida por el Banco de España, era la cuarta caja de ahorros de España con activos por valor de unos 70.000 millones de euros pertenecientes a 3.300.000 clientes, con 1.100 oficinas y con 7.600 empleados. En el 2011 todo esto ha sido desmantelado y entregado al Banco Sabadell por un euro (dijo el gobernador del Banco de España que la CAM era «lo peor de lo peor» –y claro, así no se vende la burra), previamente rescatada la deuda por un importe de 5.249 millones de euros por el Fondo de Garantía de Depósitos y además se garantizaba al Sabadell que este Fondo asumiría hasta el 80% de las posibles pérdidas durante los próximos 10 años. Lo más grave es que el banco Sabadell no se hizo cargo de la muy importante y meritoria Obra Social de la CAM, edificios de cultura, aulas, biblioteca, fondo pictórico, etcétera, quedando solo una fundación con unos fondos que ya no tienen más ingresos. El Sabadell ha cerrado definitivamente 450 oficinas y despedido a 1.700 empleados, y su objetivo es despedir hasta 2.000 empleados.
¿Cómo ha sido destruida esta caja alicantina delante de nuestras narices sin que la opinión pública se hubiera sublevado? Todo empezó cuando el PP valenciano tomó el poder en 1995 con Eduardo Zaplana, con su política de nombramientos de directores y de gestores que estaban a su total disposición y que le sirvieron para financiar sus proyectos megalómanos como el de Terra Mítica, donde se invirtió 420 millones de euros, más los préstamos de la CAM para la empresa, prácticamente en números rojos desde el primer año de funcionamiento. Además, el Consell se valió de la CAM para la compra de deuda pública emitida por la Generalitat, más de 500 millones, y préstamos que ascienden a 348 millones y dos días antes de ser intervenida, la CAM compró pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%. Política de nombramientos y de inversiones (la Ciudad de la Luz) que continuó con el presidente Camps.
Lo decisivo para el descalabro de la CAM fue su arriesgada apuesta por el sector de la construcción, que era impropio de una caja de ahorros (la del pequeño ahorrador con su libreta y el cobro de sus pensiones), y que supuso el 22% de su activo en créditos del ladrillo, llegando la morosidad al 10%. Así ha proporcionado créditos fallidos por unos 1.000 millones a promotores como Martinsa, Polaris o El Pocero. Igualmente, como dicen las crónicas, a través de la promotora Hansa Urbana, impulsó proyectos inmobiliarios por 700 millones, como el complejo turístico en el Caribe mexicano, paralizado a instancias de una denuncia de los ecologistas a la Unesco. El agujero de las inversiones inmobiliarias turísticas en México se estimó en unos 4.000 millones de euros según el Banco de España. Otra filial, TI Participaciones, emprendió más de un centenar de proyectos con una inversión de unos 200 millones en capital y más de 1.700 millones en préstamos no solo en España, sino también en Portugal, Polonia, Marruecos, México, Costa Rica... Los préstamos fallidos e inversiones fallidas han obligado a la caja a quedarse con más de 3.200 millones en suelo, promociones y pisos que lastraban su balance.
La gestión: desastrosa. Los altos cargos al servicio del partido y los consejeros a sus rentas. Poco antes de la intervención, el director López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000. El juez Gómez Bermúdez ha imputado a los directivos de la CAM de un delito societario, de estafa y manipulación del precio de las cosas por causar un perjuicio patrimonial a la CAM y llevarla a «un debilitamiento extremo» por su gestión, igualmente a los 19 consejeros de la CAM que aprobaron que el expresidente Modesto Crespo cobrara con carácter retroactivo 300.000 euros en dietas. Todos ellos han declarado que no sabían nada, que no entienden de contabilidad, que aprobaban lo que les presentaban los gestores. ¿Existieron tarjetas opacas o negras como en Caja Madrid, o bastaba con comidas, viajes y regalos para tener contentos a los consejeros? Algún día lo sabremos. Los políticos se cargaron a la CAM y los políticos la malvendieron al banco. Si las cajas de ahorros de España suponían más de la tercera parte de todo el sistema financiero, todo eso ha ido desapareciendo y se ha monopolizado en unos pocos bancos.
El oligopolio del poder financiero es el que domina el mundo de la política, es más, el poder político es el que está al servicio del poder financiero. Y así nos va. |
