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FERNANDO ONEGA

Después de arruinar la Caixa del Penedés, y recibir del FROB (Fondo de Reordenación Bancaria) 915 millones de euros, que tendrán que asumir todos los ciudadanos, la cúpula de esa Caja, que fue salvada por el estado e integrada con Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra de Baleares, en una nueva entidad denominada Banco Mare Nostrum (BMN), se sienta en el banquillo, en lo que es el primer juicio contra responsables de las Cajas, el sector financiero que provocó en España la llegada de los “hombres de negro”, y el rescate del sector por parte de la “troika”, con un crédito de 40.000 millones de euros, gran parte de los cuales tendrá que ser sufragado por el estado, es decir por todos los contribuyentes.

El caso de “Caixa Penedés” es especialmente sangrante ya que su expresidente, Ricardo Pagés, y los ex directores generales Manuel Troyano, Santiago Abella y Joan Cabellas, según la Fiscalía Anticorrupción “robaron” 31,6 millones de euros durante una década, en forma de fondos y pólizas de seguros, con el fin de garantizarse una jubilación ‘dorada’. Así se detalla en una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada ante la Audiencia Nacional, que acusa a la cúpula de la caja catalana, de delitos continuados de apropiación indebida o administración desleal con afectación de los intereses generales.

Y especialmente sangrante porque, según la querella,  Pagés (director general de Caixa Penedés entre 1996 y 2011, y después durante unos meses presidente de la entidad) y su círculo de directivos más próximo actuaron de común acuerdo para generar “obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando a espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma”, acumulando fondos y pólizas en relación con la contingencia de jubilación por importe global de 31.652.917,59 de euros.

Y sangrante, además porque la querella expone detalladamente las tretas que usaron los acusados cuando un decreto endureció en 2011 los controles en materia de retribuciones de directivos bancarios, ya dentro del grupo Banco Mare Nostrum, donde había confluido Caixa Penedés. “Los querellados eran plenamente conscientes de que el abusivo proceso de suscripción de pólizas antes descrito podría salir a la luz, y si era cuestionado se podría acabar dando al traste con sus ambiciones económicas” resalta el texto de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional. Tan sangrante que el primer día del juicio, quienes se sentaban en el banquillo, sin inmutarse declararon que habían dedicado toda su vida a la Caja y que hubiera sido discriminatorio, con respecto al resto de los trabajadores no percibir esas pensiones o fondos, convencidos de que no solo eran legales sino que se lo merecían.

Con este juicio se abren también otros pendientes por los mismos hechos, especialmente los que afectan a los máximos administradores de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), su director general Roberto López Abad y su máximo responsable de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, metidos los dos en el mismo escándalo de dietas abusivas, concesión de préstamos irregulares y pensiones millonarias, y ex directivos de Novocaixagalicia que, como otros, han percibido pensiones millonarias.

Igualmente sangrante o más que el escándalo de Caixa Penedés, o quizás mucho más, por el destrozo económico causado es el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Hay que decirle al ciudadano que, entre lo que ha puesto, hasta el momento el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y lo que se ha comprometido a poner el Estado a través del Banco de España, dentro del Esquema de Protección de Activos que puede superar los 4.300 millones de euros, el desastre de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, le va a costar a cada español cien euros equivalente a casi la totalidad del presupuesto de un año del Ministerio de Defensa.

Algo, que ha merecido que los administradores se hayan llevado materialmente el dinero de la caja con prejubilaciones de escándalo como la de la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, que se ha autoimpuso una pensión vitalicia de 30.791 euros mensuales (369.497 euros anuales) que intentó defender incluso ante los Tribunales de Justicia y que afortunadamente perdió. En el caso de Novocaixagalicia, los cuatro directivos más importantes se han llevado finiquitos de 24 millones de euros, prácticamente los escasos beneficios que la caja gallega ha consiguió en los primeros meses de 2011, antes de que la entidad entrase en una situación económica imposible, tan imposible que tuvo que ser nacionalizada por el Banco de España.

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