Decía Woody Allen que: «La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema».
FELIPE PÉREZ MORALES | MURCIA
Efectivamente, así se desprende de las noticias aparecidas en un diario de tirada nacional (28 y 30 de marzo) donde se dice que la comisión gestora de la Fundación CAM (cuyos integrantes fueron elegidos por PP y PSOE) ha decidido amortizar las cuotas con un valor de cero euros y pide a los afectados que demanden al Sabadell para rescatar su dinero.
Puede que así sea, puesto que según publicó la web ''ABC.es'' (20/03/2012) el secretario del consejo de administración de Caja Mediterráneo, José Forner, y el consejero del Banco CAM Ginés Pérez Ripoll firmaron el 21 de junio de 2011 en el despacho del notario Ignacio Paz-Ares de Madrid la escritura pública por la que se hacía efectivo el traspaso de todo el negocio financiero de la caja de ahorros al banco, y en ella se indica que: «Banco CAM deja constancia de que ha asumido el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pueden derivarse de las cuotas participativas».
Supongo que de este documento tendrá conocimiento el juez Gómez Bermúdez que instruye la causa abierta en la Audiencia Nacional y será quien, en definitiva, tendrá que resolver. Pero hay una cuestión de fondo que, no sé por qué, nadie ha abordado, y es la actuación del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ''Mafo'', durante su mandato.
Tomando como referencia el caso de la CAM (que es el que conozco), el informe de 49 folios emitido el 25 de enero de 2012 se remite a hechos puestos de manifiesto «en el curso de los trabajos puntuales de inspección ''in situ'' realizados durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011», pero, al parecer, ''Mafo'', no adoptó medida alguna en esos años, cuando la Ley 13/1994 en su artículo 23.1.f. le facultaba, en cualquier momento, para «acordar respecto a ellas y sus órganos de dirección la incoación de expedientes sancionadores y las medidas de intervención, sustitución de sus administradores o cualesquiera otras medidas...».
Como hemos podido comprobar posteriormente, este ''mirar para otro lado'' de ''Mafo'' al negarse a frenar la orgía del ladrillo sin control que afectó a muchos bancos y cajas (y no solo a la CAM) nos ha costado a los españoles más de 150.000 millones de euros en rescates, que estamos pagando los de siempre y seguirán pagando nuestros hijos y nietos.
Por ello, desde aquí me atrevo a pedir públicamente que, de una vez por todas, se siente en el banquillo a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ''Mafo'', porque las leyes españolas -como las de todo el mundo- contemplan penas para los empleados públicos que no cumplan con su deber y generen un mal grave a la sociedad con tal incumplimiento.
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