- Las cajas que conforman el SIP y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF alcanzan un denominado “un acuerdo de garantías”.
- Un documento en el que se ha dejado al margen al grueso de los sindicatos de la CAM y que solo pretende asegurarse el apoyo de estos sindicatos en las asambleas que tiene que aprobar el SIP.
- Se deja vía libre a un expediente de regulación de empleo para 2.000 personas, al cierre de 400 oficinas, a la movilidad geográfica, al recorte salarial y al despido, tanto por la vía de las mal denominadas prejubilaciones, como mediante una arbitraria movilidad geográfica en caso de no aceptar las condiciones de un traslado.
El pasado viernes, las cajas que conforman el SIP y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF alcanzaron lo que han denominado “un acuerdo de garantías”. Un documento en el que se ha dejado al margen al grueso de los sindicatos de la CAM y que, bajo nuestro punto de vista, solo pretende asegurarse el apoyo de estos sindicatos en las asambleas que tiene que aprobar el SIP.
Hay que tener en cuenta que fuera de la negociación se ha quedado el 66% de la representación sindical de CAM, que no olvidemos es la Caja que aporta más personal que las otras tres entidades juntas. Esperamos que la Audiencia Nacional declare la ilegalidad de esta pseudo mesa de negociación, donde los empleados de Caja Mediterráneo no han podido estar representados de forma adecuada; todo ello porque a las Cajas les interesa una mayoría formada por CCOO y UGT, sindicatos que le han firmado, sin mayores reparos, acuerdos en otras Cajas que suponen una reconversión brutal del sector, con un recorte sin precedentes en los derechos de los trabajadores del sector de ahorro.
Analizando lo que han firmado, tenéis que saber que no ha habido negociación y por ello se deja vía libre a un expediente de regulación de empleo para 2.000 personas, al cierre de 400 oficinas, a la movilidad geográfica, al recorte salarial y al despido, tanto por la vía de las mal denominadas prejubilaciones, como mediante una arbitraria movilidad geográfica en caso de no aceptar las condiciones de un traslado.
Si esto ya por sí no fuera negativo, además, se deja mano libre a la empresa para que decida sobre asuntos de vital importancia –complementos salariales no consolidados, complementos variables, paga de beneficios… Todo queda en un acuerdo de buenas intenciones, que poca o nula eficacia jurídica tiene y que ha sido negociado en tiempo récord, sin haber aportado la empresa la documentación exigida sobre el SIP, y no haber facilitados más datos de los que ya conocemos por los medios de comunicación, algo absolutamente vergonzoso.
Al sindicato Alta no deja de asombrarle que, en poco más de tres reuniones, lleguen a este tipo de acuerdos a cambio de “asambleas tranquilas” mientras que está en juego el futuro de miles de familias. Confiamos en que la Audiencia Nacional deje las cosas en su sitio.
Os seguiremos informado. |
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