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El Gobierno ha modificado durante el Consejo de Ministros la ''enmienda Telefónica'' que obliga a las empresas con beneficios a abonar el paro a sus trabajadores afectados por un ERE a la vez que ha endurecido el acceso al subsidio por desempleo a los mayores de 65 años
El decreto ley entrará en vigor el 1 de abril, con el que también se quieren poner coto a las jubilaciones anticipadas, y las previsiones del Gobierno es que se produzca un ahorro de 5.000 millones de euros al año.
El Gobierno establece que sólo podrán cobrar el subsidio los mayores de 55 añosque sumadas las rentas de la unidad familiar y divididas por el número de miembros de la familia no superen el 75% del salario mínimo interprofesional, es decir, menos de 484 mensuales.
Por otro lado, respecto a los despidos colectivos, las empresas que hayan obtenido beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al despido colectivo y los cuatros ejercicios posteriores a dicha fecha, deberán realizar las aportaciones al Tesoro que correspondan al pago de las prestaciones de paro.
Estas empresas tienen que tener al menos 100 trabajadores, que incluyan a mayores de 50 años en los despidos colectivos. Además, se incluye una cláusula de discriminación por razón de edad en los despidos para perseguir la política sistemática en muchas empresas de despedir a mayores de 50 años.
Así, deberán realizar aportaciones en la medida en que el porcentaje de trabajadores de mayores de 50 años incluidos en los despidos colectivos sea superior al peso de ese colectivo en la plantilla de la empresa.
En concreto, esta modificación podría afectar a casos como el de la banca nacionalizada, como Bankia, así como a otras empresas como por ejemplo Iberia.
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