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Ramón Tamales es Catedrático de Estructura Económica (UAM) y Catedrático Jean Monnet de la UE y autor de innumerables publicaciones económicas
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Nos encontramos en la vía hacia una privatización progresiva
Las cajas de ahorro funcionan ya como auténticos bancos, practicando todas las actividades propias de la banca universal. Por eso, a medio plazo, y con algunas garantías por su carácter fundacional y su obra social, soy partidario de que vayan convirtiéndose en entidades privadas, con el perfil de las sociedades mercantiles.
Por otra parte, las cajas han perdido su naturaleza territorial, pues se mueven libremente por todo el ámbito del país y por el extranjero. Algo enteramente lógico, desde el punto y hora en que no existe un mercado catalán, otro vasco, el de más allá andaluz, etc. A pesar de todos los excesos legislativos fragmentarios de las CCAA, sólo hay un mercado español, que a su vez es parte del mercado único de la UE. Por lo cual, haber continuado con las demarcaciones regionales no tenía ya ninguna razón de ser.
En cuanto a la obra social, liga más bien con la idea de la beneficiencia en el sentido tradicional, y no con el impulso del crecimiento económico. De modo que los depositantes, o al menos la mayoría, ni saben de qué va. En esa dirección, me acuerdo muy bien de un día en que estaba cenando en mi casa el presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, y hablaba de las grandes excelencias de su obra social. Mi hijo, que tenía nueve años, le espetó impúdicamente: “Don Felipe (el nombre del Sr. Ruiz de Velasco), todo eso que Vd. dice, está muy bien. Pero ¿cuándo van a bajar los tipos de interés?”.
En definitiva, el pretendido problema de la identidad de las cajas de ahorro no existe: son bancos, pero ellas todavía no lo saben. A propósito de lo cual recordaré que en uno de mis viajes a Pekín, hace ya bastantes años, oí un cuento que circulaba por la capital de China: “Deng Xiaoping, se ha muerto, pero lo malo es que él todavía no lo sabe”. Eso es lo que sucede con las cajas: son bancos para todo el mundo, excepto para ellas mismas. En línea con la vieja máxima de que “no hay mayor ignorancia que la de quien no quiere enterarse”.
En cuanto a la naturaleza pública de las cajas, es un tema muy vidrioso, puesto que la mayoría no tienen ese origen, sino que sus fundadores fueron una serie de obras pías eclesiásticas (como CajaMadrid), o entidades filantrópicas de muy distinta naturaleza. Por eso, el tema de quiénes son los propietarios de las cajas de ahorros es de lo más interesante, sin que esté bien definido por la doctrina.
A mi juicio, las cajas pertenecen a la Nación como globalidad, porque sus fundadores quedaron muy atrás, y las entidades ya tienen actividad a escala de todo el país. Por eso, si se privatizan, los recursos obtenidos por su venta en OPAs sucesivas deberían ir a la Administración General del Estado, que a su vez podría hacer un reparto, en mayor o menor proporción, con las CCAA, provincias, ayuntamientos, etc.
Es un tema muy arduo, pero también apasionante, puesto que las 46 cajas existentes ya tienen más depósitos que la Banca, y su valoración global podría alcanzar una cifra muy por encima de los 200.000 millones de euros. Bastante más que los 125.000 en que la ha estimado AFI, como base de cálculo para el tema de las cuotas participativas. Una cuantificación interesante porque viene a plantear que nos encontramos en la vía hacia una privatización progresiva. Tema en el que ha incidido el presidente de Mapfre, que hace pocos meses pasó de ser una mutua a transformarse en empresa mercantil, al recomendar que las cajas adopten la misma configuración, si realmente quieren crecer con una cierta rapidez y alcanzar dimensiones que les permitan ser auténticas multinacionales crediticias.
En cuanto a los consejos de administración de las cajas, aunque teóricamente se forman a partir de la Asamblea General de cada entidad, lo cierto es que continúan en la inercia de la cooptación. Es decir, es el propio Consejo el que de hecho va nombrando, a través de sus influencias en la Asamblea, a los nuevos consejeros. De modo que el solemne Consilium acaba funcionando como un órgano inamovible, que gobierna la caja como si fuera un cortijo propio; con marcado carácter presidencialista, y poderes casi omnímodos en manos del director general; perpetuándose ambos en el cargo a base de toda clase de combinaciones, en algunos casos poco confesables.
Finalmente, está el tema de la dependencia de las cajas de ahorro de las CCAA, que tiene graves y perversas consecuencias, porque sirven de instrumentos financieros pro domo sua; esto es, a efectos a veces personales de los dirigentes políticos. Debiendo destacarse que la Constitución, y concretamente su artículo 149.1.11º, dice que la competencia exclusiva del Estado se refiere a las “bases de la ordenación del crédito (incluyendo Cajas de Ahorro), banca y seguros”. Pero en cambio, el día a día de las cajas lo gestionan las CCAA (artículo 149.3).
En definitiva, en el tema de las cajas, todo resulta ya bastante obsoleto, profuso, confuso y difuso, y habría que proceder a una nueva ordenación a escala nacional.
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