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MERCEDES GALLEGO ALICANTE

El abogado de Diego de Ramón, acusación popular en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra la excúpula de la CAM y el único representante legal ante este órgano judicial de los afectados por la compra de preferentes y cuotas participativas, ha presentado ante el juzgado que dirige Javier Gómez Bermúdez un escrito por el que amplía la querella planteada en su momento contra los que fueran máximos responsables de la caja (los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo) a otro exdirectivo y actual director regional de SabadellCAM en Alicante, José Pina , y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En su escrito, Diego de Ramón considera que tanto la intervención del que fuera número tres de la entidad de ahorro, a quien considera "la mano derecha de López Abad", como la del fondo creado para gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito, fueron determinantes en lo que después ha dejado un saldo de miles de afectados por la comercialización de unos productos financieros que han diezmado los ahorros, o dejado sin ellos, a miles de pequeños inversores.
Un delito de asociación ilícita atribuye el querellante a José Pina, a quien considera igual de responsable que el resto de sus excompañeros ahora imputados en actuaciones llevadas a cabo en la caja, encaminadas a "obtener beneficios personales" y de las que han salido perjudicados sus propios compañeros de trabajo y los clientes, además del deterioro de la imagen "de seguridad nacional en materia económica ante la UE", recoge el escrito.
De Ramón presenta un listado de 26 sociedades participadas por la CAM de las que asegura que Pina era apoderado, alude a la dietas que pudo cobrar por ello y critica que haya recurrido el auto del juez por el que cautelamente se han bloqueado las pensiones millonarias del excuadro directivo de la caja de ahorros, donde está Pina con una renta vitalicia anual de 298.176 euros (unos 13.000 euros al mes).
En cuanto al FROB, entiende el letrado que tiene responsabilidad en el hecho de permitir que en la escritura de segregación por la que se transfirió todo el negocio financiero de la CAM al Banco CAM se "excluyeran expresamente las cuotas participativas y otros", lo que para Diego de Ramón "legitima el fraude de acreedores". Tampoco entiende el letrado por qué cuando el Banco de España le adjudicó el Banco CAM al Sabadell por un euro lo hizo "quitando las pérdidas y dejando a cero su capital sin especificar ni garantizar el Esquema de Protección de Activos para posteriormente a la subasta, no antes, hacer ampliaciones de capital por importe de 5.249 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósito".
El juez aún no tomado una decisión sobre si acepta o no la ampliación de la querella.

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