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24 Septiembre 12 - - Ana G. Andrés

VALENCIA-

Una Comisión de Control sirve para controlar, auditar y fiscalizar los números de una entidad para que esta actúe conforme a derecho y no atente contra el patrimonio de la propia organización. Esto, que para algunos resulta obvio, para otros no lo es tanto. Es el caso de los miembros de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que comparecieron ayer en Les Corts, donde se está realizando una investigación desde el pasado mes de mayo sobre cómo llegó la Caja alicantina a ser intervenida por el Banco de España. El primero de ellos, Raúl Serrano, relató cómo alegó no tener la formación precisa cuando le ofrecieron el puesto. «Me dijeron que no me preocupara, que no era necesario», en referencia al director de su oficina de Elche y el director territorial. Reconoció haber cobrado 20.000 euros por su tarea como consejero en Tenedora de Inversiones y Participaciones, una de las participadas de la CAM.
 El caso de la segunda compareciente, Dolores Mataix, fue más curioso aún porque, no solamente carecía de conocimientos financieros, sino que además es madrileña y reside en Zaragoza. Uno de los requisitos para acceder a los órganos de gobierno de la Caja era tener el domicilio habitual en la Comunitat Valenciana.
 Mataix reconoció que la situación le venía grande. «Estamos hablando de la que era la cuarta Caja española, con cien empresas participadas».
 Por la tarde siguió Joaquín Longinos, ex miembro del Consejo de Administración, quien reconoció que existía un «núcleo duro de poder que tenía la información» sobre la situación de la Caja y que se cometieron «muchos excesos» en la gestión.
 Por otra parte, la Comisión de investigación acordó trasladar al Ministerio Fiscal la negativa de altos cargos del Banco de España, como el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del FROB, a comparecer ante la misma. El PSPV se abstuvo.

 

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