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La acusación justifica la fianza de 25 millones impuesta a los cinco exdirectivos en que sus conductas superan lo contado en los informes
MERCEDES GALLEGO ALICANTE No solo por lo que se ha conocido hasta ahora sino por que lo que habría más allá de lo recogido en los informes que están sirviendo de base a la imputación. Éste es uno de los argumentos en que Carlos Gómez-Jara, el abogado designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la CAM para el proceso penal que se sigue contra la excúpula directiva de la entidad, apoyaba la petición de fianza de 25.812.406 euros que el juez ha acabado imponiendo a los cinco imputados en este proceso: los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los directores de Recursos y Planificación y Control Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, respectivamente.
Tal y como adelantó este diario en su edición de ayer, el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha estimado hasta la última coma del planteamiento realizado por el representante legal de la ya desaparecida entidad de ahorros, quien consideraba imprescindible la imposición de esta fianza (a la que los imputados tienen que hacer frente en un plazo de quince días, según consta en la providencia firmada por el juez el pasado jueves 26) para asegurar el resarcimiento del daño patrimonial provocado a la entidad por sus exgestores y valorado por esta parte en los casi 26 millones fijados por el juez una semana después de concluidas las declaraciones de los imputados. De los cinco, únicamente López Abad se negó a responder a las preguntas del FROB, algo que su representante legal consideró «significativo» y «poco estético».
En un escrito prolijo en detalles acerca de las conductas supuestamente delictivas del excuadro directivo de la entidad (que abarcan desde complementos salariales por más de 16 millones que no tendrían que haberse percibido a pagos de indemnizaciones por prejubilaciones a directivos calculadas sobre resultados falseados), el penalista Gómez-Jara alerta al juez de que la responsabilidad penal de los imputados podría ser mayor que la que presuntamente se desprende de lo actuado hasta ahora.
«Dada la especial complejidad y duración del presente proceso, que no solo engloba el contenido de los diferentes informes periciales, sino que los supera ampliamente en la inclusión de conductas más allá de las ahí detalladas, se corre el riesgo cierto de que la entidad que representamos vea frustradas sus legítimas expectativas de resarcimiento patrimonial como consecuencia de la ya indicada complejidad procesal», recoge el texto del acusador particular quien, tras llamar también la atención sobre la tentación que podrían tener los imputados de deshacerse del patrimonio que puedan atesorar (López Abad cobró 5,6 millones por prejubilarse y Vicente Soriano 1,7 por idéntico concepto), incide en que el embargo por el mismo importe que el daño supuestamente causado, garantizaría los derechos económicos de la CAM en caso de condena.
El acusador particular también planteaba el embargo de los bienes de los cinco exdirectivos en el supuesto de que no hagan frente a la sentencia así como que, por el Servicio de Averiguación Patrimonial, se informe al juzgado que dirige Gómez Bermúdez de todas las propiedades y derechos de los imputados, extremos sobre los que el magistrado no se ha pronunciado.
Además de la fianza, el juez también ha retirado los pasaportes tanto a Amorós como a López Abad prohibiendo a la primera salir de la Unión Europea y al segundo de España, tal y como pidió el acusador popular, Diego de Ramón.
Los afectados celebran la decisión
Los principales colectivos de usuarios de la CAM acogieron ayer con satisfacción la decisión del juez, aunque consideran que no es suficiente y que también deberían pedirse responsabilidades al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tanto la Plataforma CAM como la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM se felicitaron de las medidas adoptadas por el magistrado Javier Gómez Bermúdez contra los exdirectivos pero recalcaron que los imputados no son más que «la cara más visible de un asunto por el cual deberían responder también los organismos supervisores estatales». Carlos Pena, de la Plataforma CAM, estimó que, con esta decisión judicial, «se está reconociendo que hubo un delito». Víctor Baeta, de la Asociación de Impositores exigió responsabilidades al Banco de España y a la CNMV por «avalar los productos de riesgo»
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